En el sector público dominicano, las discrepancias salariales han generado polémica, con asistentes técnicos que ganan más que ministros y directores con salarios superiores al del presidente de la República. La nómina estatal, donde se registran entre 700,000 y un millón de empleados, debería estar bajo escrutinio, pero las iniciativas para esos fines no han prosperado, como un anteproyecto de ley para normalizarla, que no termina de despacharse desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Un asistente técnico de Edesur Dominicana tiene mejor salario que cualquier ministro y un director del Banco Central de la República Dominicana gana más que Luis Abinader. Estas son de las discrepancias en los salarios del Estado, un tema espinoso que no ha desembocado en una discusión profunda.

Existen puestos con requerimientos académicos y técnicos elevados que justifican salarios acordes, como los relacionados al Banco Central y los organismos de regulación financiera y fiscal, mientras otros parecen prescindir de un perfil preciso, pues son ocupados por políticos del partido de turno, sin criterio profesional alguno.

Disparidades notorias

La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado establece los sueldos para el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, que van desde menos de 10,000 pesos, como el de un obrero de las alcaldías, hasta más de 1,600,000 pesos, que gana la máxima autoridad del Banco Central.

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, considera que esta normativa, promulgada en el 2013, es defectuosa debido a los topes salariales establecidos.

Actualmente, el presidente de la República gana 450,000 pesos mensuales, mientras que la vicepresidenta, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y los magistrados del Tribunal Constitucional ganan 400,000 pesos. Otros funcionarios, como los ministros, la procuradora general de la República, el contralor y el defensor del pueblo reciben 300,000 pesos.

El artículo 5 de la Ley 105-13 establece que «ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado…».

Sin embargo, la misma ley permite que las instituciones descentralizadas establezcan su régimen de remuneraciones. Por ejemplo, dos asistentes técnicos de Edesur Dominicana tienen salarios de 335,000 pesos, más altos que el de cualquier ministro, que por ley gana 300,000 pesos.

Además, los directores de Aduanas e Impuestos Internos ganan 630,919 y 598,772 pesos, respectivamente, superando el salario de su superior inmediato, el ministro de Hacienda, y el del presidente de la República.

En el 2021, Participación Ciudadana analizó las «diferencias abismales» en los salarios públicos e instó al Estado a corregir estas anomalías, argumentando que vulneran el derecho de los trabajadores a tener sueldos dignos y de calidad. Años después, nada ha cambiado.

Nueva propuesta de ley

En julio del 2022, durante la optimización del gasto por la pandemia del COVID-19, el superintendente de Electricidad, Rafael Velasco Espaillat, y los miembros del Consejo Directivo de dicha institución se aumentaron el salario en un 26 %, llevándolo de 596,000 a 751,000 pesos mensuales. Esta acción generó críticas, incluyendo las del presidente Abinader, quien calificó la medida de «imprudente».

La controversia llevó a Velasco Espaillat a renunciar y al ministro Castillo a reconocer que se violaron las normas al aumentarse los sueldos sin la aprobación del MAP.

En agosto de ese mismo año, Castillo depositó un reglamento de aplicación de la ley en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pero esto cambió. «Decidimos que no valía la pena reglamentar esa ley con las dificultades que tiene para su aplicación; era mejor cambiar la ley», dijo el funcionario a DL.

El MAP entonces preparó un anteproyecto de modificación de la Ley 105-13 y lo envió a la Consultoría Jurídica, aunque aún no ha sido sometido al Congreso Nacional. La nueva propuesta eliminaría los topes salariales y establecería que los salarios del presidente y de los ministros se determinarán en función de los sueldos mínimos, facilitando la creación de escalas salariales para otros niveles y permitiendo la captación de mejores talentos.

No se sabe cuántos son los empleados del Estado

Durante el periodo 2000-2004, Castillo fue director de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) -hoy el MAP-, dependencia de la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia.

En ese tiempo, hubo un intento de cuantificar la nómina pública a través de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Más de 20 años después, pese a que la Ley de Función Pública ordena una plataforma con la nómina estatal, aún no se sabe con exactitud su magnitud. El ministro estima que son más de 700,000 empleados, sin contar las 393 alcaldías y juntas municipales.

Actualmente, el MAP trabaja en la creación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigei), mediante el cual se establecerá el número exacto de empleados y las instituciones donde trabajan. Una vez implementado, el Sigei podría revelar que el Estado emplea hasta un millón de personas. Castillo reconoce que todavía hay instituciones, incluso del Gobierno Central, que no tienen sus nóminas en el MAP.