La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley para que se incluya dentro del currículo del sistema educativo dominicano una asignatura sobre educación y seguridad vial.
Con esta iniciativa se busca que los centros públicos y privados en los diferentes niveles impartan de manera obligatoria la educación vial, a fin de concienciar y crear cultura en la sociedad sobre la importancia de la seguridad vial.
La pieza es de la autoría de la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rudy María Méndez. Entre los objetivos específicos se encuentra formar competencias “creando habilidades y valores” que promuevan la equidad, responsabilidad, la cooperación y el respeto por la vida y su seguridad.
“Las asignaturas, programas y proyectos tienen carácter obligatorio y deben ser impartidas, implementadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas en todas las escuelas públicas y privadas, universidades, institutos de formación técnico-vocacional y profesional y otras entidades dentro del sistema educativo nacional”, indica el artículo 10 de la propuesta de ley.
También crear un marco de referencia general para la educación y seguridad vial en el país.
El artículo seis detalla que los tres objetivos de la seguridad vial más importantes son el control de la velocidad, el uso del cinturón de seguridad y el respeto a las normas sobre la materia.
En uno de los artículos se destaca que la educación y seguridad vial serán implementadas de manera transversal dentro del sistema educativo y fundamentadas en la transmisión de los conocimientos sobre el tema.
El Ministerio de Educación será el ente encargado de implementar los planes, programas y proyectos de educación vial y podrá establecer alianzas con diversas entidades tanto a nivel nacional como internacional.
Los contenidos sobre educación y seguridad vial serán incorporados a los planes de estudios establecidos por el Consejo Nacional de Educación, que deberán ser adaptados a los niveles de básica y educación media de los centros educativos y bajo los parámetros de la Ley General de Educación No. 66-97.
Para el nivel superior le tocará al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), establecer los criterios para la implementación del contenido de los programas educativos,indica la propuesta.
¿Quién elaborará los libros de texto?
El proyecto deja en manos de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tendrán que elaborar los contenidos de los libros de textos y materiales sobre educación y seguridad vial que serán impartidos en la asignatura que se implementará en el sistema educativo en todos los niveles.
Tanto la Digesett, el Intrant y el MOPC estarán obligados a crear programas de promoción sobre la seguridad vial y promover las actividades que se realicen para la investigación, desarrollo y la innovación de la educación y seguridad vial.
Los contenidos de los programas de educación y seguridad vial deberán contener información sobre la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, elementos del tránsito, condiciones psicofísicas del conductor, circulación, uso de la vía pública, vehículos y sus clasificaciones.
De igual manera, informaciones sobre el manual del conductor, documentos para conductores, vehículos, licencia de conducir, las características y sus clases, la seguridad primaria y seguridad pasiva, señales viales, uso del cinturón de seguridad y el control de velocidad, entre otros.
La formación a los maestros sobre educación y seguridad vial estará a cargo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (Inafocam).
Crea comisión de veeduría
De igual forma se creará una comisión de veeduría ciudadana para la implementación de los temas como un mecanismo de participación directa de los representantes de diversos sectores de la vida nacional.
El objetivo de esta veeduría es “promover mecanismos de vigilancia y control social, a los fines de contribuir con la implementación de las disposiciones establecidas por esta ley”.
Esta veeduría estará integrada por representantes de la federación de transportistas, un representante de sindicatos de vehículos pesados, un representante de la Academia de Ciencias, un representante de la Red Universidades Privadas, de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), de la Red Nacional de iglesias protestantes y de la Iglesia católica.
También formarán parte de la comisión un representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de los medios de comunicación, de la asociación de motoconchistas y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Las decisiones que se adopten dentro de la veeduría será por mayoría de votos, o sea, la mitad más uno de los miembros.
Los fondos para la implementación de esta nueva materia en el sistema educativo dominicano deberán ser asignados por el Ministerio de Educación dentro de su presupuesto anual.