Italia retiene «ilegalmente» a los inmigrantes y solicitantes de asilo en centros que en muchos casos no cumplen con los estándares internacionales, según denuncia la organización Amnistía Internacional (AI) tras visitar dos de ellos en abril.
«La detención debe ser excepcional y un último recurso. Sin embargo en los centros que visitamos encontramos personas racializadas que nunca deberían haber sido detenidas», denunció en un comunicado la directora regional adjunta para Europa de AI, Dinushika Dissanayake.
Entre estas hay personas con problemas mentales graves, que buscan asilo por su orientación sexual o activismo político, o que escapan de la violencia de género o la explotación laboral.
AI visitó el pasado abril dos centros de acogida en Italia, el de ‘Ponte Galeria’ en Roma y ‘Pian del Lago’ en la ciudad siciliana de Caltanisetta (sur), y hablaron con inmigrantes de Túnez, Georgia, Irán, Marruecos, Perú, Egipto, Gambia o China, entre otros países.
La supervisión se dio después de que en 2023 el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobara, entre otras disposiciones, la construcción de nuevos centros de acogida y la ampliación del tiempo de retención máximo para la repatriación hasta los 18 meses.
La conclusión es que en Italia «los inmigrantes y los solicitantes de asilo están siendo privados ilegalmente de su libertad en centros de detención que no cumplen con las normas internacionales».
«El fracaso de las autoridades italianas a la hora de establecer un sistema eficaz alternativo a la detención, combinado con un proceso legal inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está derivando en un abuso de la detención«, denunció Dissanayake.
Y agregó: «Las leyes y prácticas de Italia no son compatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no sólo del derecho a la libertad, sino también del derecho de asilo, a un recurso efectivo y a asistencia jurídica».
AI considera que, lejos de ser una práctica común, la detención administrativa de los inmigrantees «no debe tener un carácter punitivo» y «ni debe imponer condiciones similares a las de una prisión».
«A pesar de esto, los centros visitados por AI parecían extremadamente restrictivos, vacíos e inadecuados desde el punto de vista de la salud y la seguridad», se lee en el documento.
Dissanayake alega que en esos centros «la gente no podía moverse libremente dentro de las instalaciones y requería autorización y acompañamiento de la policía».
Los muebles y la ropa de cama eran «extremadamente básicos», con colchones de espuma sobre camas de hormigón; los baños presentaban «malas condiciones y en ocasiones carecían de puertas», se prohibían los teléfonos móviles personales y eran los agentes quienes encendían o apagaban la luz.
«La gente se ve obligada a pasar todo el tiempo en espacios vallados, en condiciones que son, en muchos sentidos, peores que en prisión, y se les niega incluso un mínimo de autonomía», afirmó.
Asimismo, a pesar de los largos periodos de retención, los inmigrantes carecen «casi totalmente» de actividades lo que, unido a la falta de información sobre su destino, «provoca un enorme daño psicológico».
AI urgió a mejorar estas condiciones y expresó su preocupación por el acuerdo para la construcción de nuevos centros en Albania.
«La detención relacionada con la migración debería utilizarse sólo en las circunstancias más excepcionales. Cuando sean necesarias y proporcionadas, siempre se deben considerar primero medidas alternativas y menos coercitivas. Las personas que buscan protección internacional no deben ser detenidas”, zanjó Dissanayake.