La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó este martes la confiscación del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en el marco de las sanciones aplicadas al país caribeño, lo que la organización regional calificó de «secuestro».
En un comunicado, la alianza expresó que «la incautación» de la aeronave, que fue «ilegalmente trasladada» a Florida, se suma a «la larga lista de agresiones por parte de las Administraciones estadounidenses», con el fin de «ejercer presión para torcer la voluntad democrática del pueblo venezolano y crear las condiciones para forzar un cambio de Gobierno«.
En este sentido, la ALBA, que señaló la confiscación como un «acto de piratería«, exigió el respeto a «la decisión de la mayoría de los venezolanos» en los comicios presidenciales del 28 de julio, en alusión a la controvertida reelección de Maduro, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional y rechazada por la oposición mayoritaria, que denuncia «fraude».
Te puede interesar
Un segundo avión vinculado al gobierno de Maduro está retenido en República Dominicana
Silencio en el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre el avión de Maduro
¿Quién sabe cómo se llama la empresa?
Asimismo, la organización, liderada por el chavista y excanciller de Maduro Jorge Arreaza, respaldará «las acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda» Venezuela para «defender su soberanía y libre determinación».
El Gobierno venezolano anunció el lunes que se reservará el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión presidencial, el cual fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades estadounidenses.
Washington indicó que la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros), es un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
Según el fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado «ilegalmente» desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado «casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países».