Previo a la audiencia en la que se espera conozcan la medida de coerción solicitada contra diez personas implicadas en la red de narcotráfico internacional desmantelada durante la Operación Búfalo NK, los abogados de algunos de los imputados se pronunciaron, asegurando que sus defendidos no tienen ninguna vinculación con la organización criminal.
Los juristas coincidieron en señalar que sus clientes son «comerciantes«. Sonia Marlene Guerrero, abogada de Isidro Rotestan Clase, señalado como el encargado de supervisar las actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico, afirmó que su cliente ha trabajado durante más de 20 años en el negocio de rutas de guaguas en el Distrito Nacional.
«De lo único que se le puede acusar es de ser comerciante por más de 20 años, dedicado al negocio de las guaguas, y que hoy en día, quizás por su relación de amistad, se encuentra envuelto en esta situación», expresó Guerrero.
Por su parte, Angely Hernández, defensora de Cristian Alcántara Javier, argumentó que su cliente es comerciante en la provincia de La Romana y que no tiene ningún vínculo con la red de narcotráfico.
El abogado de Jorge Antonio Toribio, de 74 años, también defendió a su cliente, quien, según afirmó, se dedica a la pesca desde hace más de 20 años. «Él solo salió a buscar a alguien en alta mar porque se le había terminado el combustible en 2020», comentó.
Gabriel Benzant, quien representa tanto a Toribio como a Juan Henríquez Tavárez, subrayó que ambos se dedican a la pesca y que Toribio presenta problemas de salud, incluyendo la falta de un riñón.
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La audiencia será presidida por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Se espera que el Ministerio Público pida 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo. La situación ha generado gran interés y expectativa en el ámbito judicial y social del país.