Hugo Beras, acusado de corrupción en el caso Operación Camaleón, quedó en libertad este miércoles luego de pagar una fianza de cinco millones de pesos. Así lo confirmó Laura Acosta, integrante de su defensa, quien dijo que «ya se encuentra en su hogar».
Al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaron la medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en la cárcel de Najayo por impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Según dijo, luego del dictamen de los jueces, su mayor deseo era poder reencontrarse con sus hijos, a los cuales no había visto desde su apresamiento hace un mes.
«Estoy agradecido, porque voy a tener la oportunidad de ver a mis hijos, que no los he visto todavía», expresó Beras, a su salida de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la noche del lunes.
Ese día, los jueces también variaron la medida de coerción a los otros dos imputados que tenían prisión preventiva por este caso: José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Impusieron garantía económica de dos y cinco millones de pesos, respectivamente.
Los tres imputados también deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del caso.
Los jueces consideraron que Beras, Gómez y Padovani no representan peligro de fuga, por lo que pueden continuar conociendo su caso en libertad con estas medidas menos gravosa.
La corte valoró a unanimidad las variaciones de medida de coerción contra Beras y Padovani. En el caso de Gómez hubo un voto disidente por parte de la jueza Isis Muñiz, quien no estuvo de acuerdo con dejar fuera de la cárcel a este último, por considerar que puede destruir pruebas en el proceso de investigación.
Los involucrados, en el también llamado caso Intrant, fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal hace un mes para que cumplieran 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público acusa a Jochi Gómez, Hugo Beras y Pedro Padovani de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.