El Poder Judicial anunció este jueves una innovadora Política de Protección de Datos, que marca un hito en la defensa del derecho a la intimidad y en la transparencia del acceso a la información judicial.

Esta medida se aplicará en todas las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales del país, permitiendo un manejo cuidadoso de la información personal de los involucrados en procesos judiciales.

Durante la presentación oficial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacó la relevancia de esta política para asegurar que la digitalización y la innovación en el ámbito judicial protejan, en lugar de poner en riesgo, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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«La publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos los tribunales de la República, se ajustarán a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública», afirmó.

Esta política tiene como fin resguardar informaciones personales prescindibles en las decisiones judiciales, buscando un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad.

«La puesta en marcha de esta política nos insta a todos, jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica, la sociedad en su diverso conjunto, a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial”, enfatizó el presidente de la Suprema Corte.

Detalles de la Política

El objetivo principal de esta política es definir reglas claras para mantener en anonimato aquellos datos considerados personales dentro del ámbito judicial.

Entre sus aspectos más destacados, se establece la posibilidad de que los jueces decidan, antes de dictar una sentencia, qué datos personales no deberían incluirse en el fallo público, en función de la sensibilidad de la información en cada caso particular.

Además, el juez presidente subrayó que esta normativa permite una «tutela judicial efectiva», en la que el propio órgano judicial evalúa y decide qué datos pueden ser omitidos para proteger la privacidad de las partes involucradas.

«Este enfoque refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo», sostuvo Molina.

La implementación de la Política de Protección de Datos alcanza a todos los órganos jurisdiccionales de la República Dominicana, incluyendo juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

Con esta medida, el Poder Judicial dominicano refuerza su compromiso de proteger la intimidad de los ciudadanos, adaptándose a normativas internacionales y promoviendo un sistema de justicia que respete y valore los derechos de todas las personas involucradas, afirmó Molina.