Las cárceles en los palacios de justicia son espacios de paso donde el privado de libertad permanece desde que es apresado hasta que se le conozca la medida de coerción, y posteriormente si debe ser trasladado a un Centro de Corrección y Rehabilitación. Sin embargo las denuncias de insalubridad, y en otros casos de sobrepoblación se han hecho frecuentes. Ramona Curiel, hasta hace algunos días era la coordinadora de la Defensa Pública en Santiago, denuncia que junto a su equipo han recibido la denuncia de los privados de libertad de una plaga de chinchas en la carcelita del Palacio de justicia de esta demarcación.
“Los privados de libertad y sus familiares se nos han acercado para denunciarnos chinchas en los colchones de la carcelita, esto producto de la humedad y la necesidad de higiene”, explica. En una de las fotografías que obtuvo Listín diario se puede identificar una gran cantidad de chinches en una de las camas.
Destaca que hace pocos meses un privado de libertad falleció precisamente por condiciones de salud en esta centro de detención, ya que aunque hay un médico asignado para la zona su capacidad operativa es limitada. A esto se le suma las precarias condiciones de higiene que existen.
Para octubre de 2024, de acuerdo a un informe recibido en la Oficina de la Defensa Pública, el Centro de Privación de Libertad de San Francisco de Macorís, que se encuentra en la Fortaleza Duarte y cuya capacidad máxima es de 200 personas, cuenta con una población de 417 internos, de ellos, 206 son preventivos y 211 condenados.
Este centro, según consta en el Informe de las Condiciones de Detención y Prisión del año 2022, de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, tiene una capacidad máxima para 122 internos, aunque fue construido para albergar aproximadamente 200.
Desde entonces, las condiciones de hacinamiento han crecido considerablemente, ya que para el 12 de diciembre de ese año, había una población penitenciaria de 367 internos, de ellos, 147 condenados y 220 preventivos.
Actualmente, el centro alberga el doble de su capacidad, y para octubre de este año, 50 personas más se han sumado a vivir en este espacio, que no ha sido ampliado.
Otro problema que afecta a los internos de esta cárcel y del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, es la dificultad para ser atendidos en la unidad de salud mental o intervención de crisis del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, donde acuerdo a Edwin Marine, coordinador de la Defensa Pública en la provincia, la doctora Enma Guzmán se niega a atenderlos.
Asimismo, indicó se acuerdo a las últimas estadísticas que maneja, 44 privados de libertad presentan condiciones de salud mental.
Hizo hincapié en su preocupación debido a que cuando la doctora Guzmán, especialista en psiquiatría, ya no tiene otra alternativa que recibirlos, por lo general el diagnóstico es el mismo, “trastorno psicótico por abuso de sustancias”, a gran escala.
“Me llama mucho la atención que los diagnósticos que hace la doctora Enma generalmente es lo mismo, no cambian, no varían y eso es ilógico porque no todos pueden tener la misma condición, pero es que eso debe ser más amplio, deben haber escalas escalas porque uno debe estar más agudo que otro”, puntualizó Marine.