La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y eliminó el requisito de que las candidaturas independientes se presenten desde agrupaciones políticas constituidas.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la decisión de la Alta Corte podría desvirtuar los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.
Señaló que esta sentencia podría motivar el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva.
“Somos de opinión que debemos abocarnos a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para continuar aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos”, propuso.
Sostuvo que, de lo contrario, el Tribunal Constitucional estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, provocando escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
Finjus destacó el rol de los partidos para la estabilidad política y el desarrollo del país, así como la importancia de preservarlos.
“La propia doctrina desde momentos anteriores ha enfatizado que la indicación expresa de las organizaciones políticas en el bloque de constitucionalidad implica una garantía democrática para la participación colectiva dentro de los mismos. Por tanto, se ha puntualizado en que los partidos políticos se erijan como auxiliares del Estado, parte importante del engranaje constitucional y garantes de la vida en democracia”, argumentó el jurista.
Agregó que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa en nuestro contexto.