Los abogados que representan a los familiares de Ismael Ureña, el adolescente que murió en julio pasado por alegada inyección de esteroides para caballos, se querellaron contra la procuradora fiscal Olga Diná Llaverías, a quien acusan de haber actuado con negligencia ante la denuncia inicial.
La querella fue presentada el pasado jueves 19 de diciembre por la Fundación Familia sin Violencia (Funfasinvi) ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los denunciantes alegan hechos relacionados con “negligencia y denegación de justicia por parte de la jurisdicción de GAHPRE (Santo Domingo Este), específicamente por parte de los fiscales encargados de homicidios”.
Los abogados demandantes, encabezados por Russel Aracena Peña, alegan que desde el 25 de julio pasado, fecha en la que falleció el menor, los familiares del exprospecto acudieron a dicha fiscalía, pero que nunca recibieron documentos ni se dio respuesta a sus solicitud y mucho menos se presentó informe alguno a los superiores sobre el estado de la investigación.
“Hemos pedido al consejo del Ministerio Público, órgano encargado por velar por el buen funcionamiento de sus miembros, y los hemos apoderados a través de la inspectoría de la PGR donde se va a determinar si en verdad ella cometió faltas graves y al efecto se puede evindenciar con la inacción de ella una posible complicidad con los actores responsables de ese mal”, dijo Aracena a Diario Libre.
Además, se indica que la parte imputada, a través de la dicha fiscalía y Dahiana Castillo, adscrita al Departamento de Homicidios de Santo Domingo Este, “actuó de manera cómplice con el autor del hecho”.
En la denuncia, se acusa a los funcionarios de utilizar los mecanismos legales destinados a proteger a la víctima para obstruir el proceso y entorpecer las labores del Ministerio Público, “constituyéndose, incluso, en una asociación de malhechores”.
La querella original fue presentada el 6 de noviembre, “luego de una clara denegación de justicia por parte de la fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, que debió gestionar la prueba patológica a través del INACIF para realizar la autopsia, la cual hasta la fecha no ha sido entregada, lo que agrava aún más el caso.
“Este hecho refleja una grave complicidad y mal manejo de la justicia, además de evidenciar un caso de prevaricación”, dijo Aracena. “Olga Diná ha mantenido un silencio muy sospechoso”.
Por el caso de la muerte del adolescente está acusado el lanzador Yordy Cabrera, en cuya academia en el distrito municiapal San Luis se entrenaba el fallecido, que tenía 14 años de edad.