Otro capítulo se suma al pleito legal que enfrenta el artista urbano Daddy Yankee con su aún esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González por los documentos y accesos digitales relacionados con las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., al quedar sin efecto la orden de arresto que pesaba en contra de la exmanejadora del artista.

Los representantes legales de la aún esposa del intérprete de “Gasolina”, compuesto por los licenciados Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, establecieron ante un juez que sus clientas “hicieron un gran esfuerzo para cumplir con el mandato” impuesto el 26 de diciembre durante una vista para mostrar causa con el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y hoy se supo que solicitaron que se les retirara a las hermanas González las órdenes de arresto por desacato, ya que cumplieron a cabalidad con lo que se les había requerido.

En una moción presentada esta mañana en el tribunal por parte del demandante, se señaló que en vista del cumplimiento con las órdenes, se solicitó que se “deje sin efecto la orden de arresto por desacato, de manera que las codemandadas puedan viajar a visitar familiares fuera de Puerto Rico sin ningún inconveniente”.

Ante esta moción, según los documentos legales, el juez Anthony Cuevas Ramos dictó: ”La orden se dejó sin efecto. Sin embargo, advertimos que retenemos jurisdicción en el asunto hasta que se cumpla con la entrega de la información y documentos peticionados”.

El pasado 31 de diciembre, los abogados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, que representan al artista, radicaron una moción en la que confirmaron que recibieron varias cajas con documentación, pero “no se entregaron muchos documentos de los requeridos, como tampoco una lista detallada” de lo entregado. Por ende, solicitaron al tribunal que se les concediera hasta el 3 de enero de 2025 para poder culminar el proceso de cotejar lo entregado y para reunirse con la parte demandada para dialogar sobre lo que entienden queda pendiente.

“Por el número de cajas y su contenido, además por la particularidad del día 31 de diciembre y las complicaciones con el servicio de energía eléctrica que Puerto Rico experimenta durante este día, resulta impráctico poder constatar como es debido y responsable, que lo que sí fuera entregado se ajusta a lo solicitado y ordenado por el tribunal”, detallaron.

“Quedando otros tantos documentos sin proveerse, como accesos sin concluirse y/o finalizar de transferirse las cuentas, finalmente. Por tal razón y para obrar con la responsabilidad y seriedad que corresponde, respetuosamente solicitamos del Tribunal que retenga su jurisdicción”, indicaron los abogados en la moción.

Controversia que inició hace unas semanas

La controversia por el control de las corporaciones salió a la luz semanas después de que el artista revelara que había iniciado el proceso de divorcio y que las demandadas intentaron transferir presuntamente $100 millones de las cuentas corporativas a sus cuentas personales. Sin embargo, la transferencia se detuvo.

Posterior a ello, las partes acudieron el 19 de diciembre a una vista en el Tribunal de San Juan, la cual culminó con varios acuerdos, incluyendo que el artista retomaba la presidencia de ambas corporaciones.

Además, se acordó que $75 millones, que están en las cuentas de ambas entidades, se van a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información y una vez tenga todo conocimiento de lo relacionado a las finanzas corporativas, se podrán alcanzar unos entendidos posteriores”.

Asimismo, se determinó que el resto del dinero en las cuentas se van a mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso.

En tanto, Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, se comprometió a rendir un informe mensual a su esposa “sobre todo asunto financiero, así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales de las corporaciones”.