La presidenta peruana, Dina Boluarte, compareció este lunes ante fiscales que la investigan por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, a raíz de una cirugía de nariz de la cual no informó a su gabinete y al Congreso en el debido momento.
La diligencia se prolongó por cuatro horas a puerta cerrada desde poco después de las 09H00 locales (14H00 GMT) en la sede central de la fiscalía en Lima.
Es la primera vez que Boluarte, abogada de 62 años, acude a declarar por esta polémica cirugía desde que se abrió la indagación en diciembre pasado. La amenaza de una eventual destitución planea sobre la primera mujer presidenta del país.
La fiscalía le imputa delitos por no informar al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una intervención quirúrgica a finales de junio de 2023.
La ley peruana obliga a comunicar al Congreso cualquier acto médico que suponga riesgo de incapacidad temporal para ejercer la Presidencia, debiendo delegar el poder si fuese necesario.
La cirugía de Boluarte fue la comidilla de todos los días en redes sociales y la prensa local desde el año pasado. La nariz presidencial se viralizó y hubo memes alusivos.
«Esta investigación nace muerta», aseguró a la prensa el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, quien señaló que Boluarte respondió 45 preguntas en el interrogatorio.
Según la defensa, el delito de omisión de funciones no existió como tampoco el de abandono del cargo, porque «hay 91 normas que la presidenta ha firmado de puño y letra» el día de la cirugía nasal.
«Estuvo lúcida y consciente, fue una cirugía menor (…) que duró 40 minutos la noche del 28 de junio de 2023″, agregó.
La presidenta peruana confirmó solo hasta el 13 de diciembre en un mensaje al país que se sometió a la operación de nariz en 2023 porque era necesaria para su salud.
«No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria», indicó entonces Boluarte.
La operación no le generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones como presidenta, alegó en esa oportunidad.
Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución y arresto del entonces mandatario izquierdista Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso para evitar una votación que buscaba destituirlo por corrupción.
Tempestad política
La causa por la cirugía se abrió el 5 de diciembre luego que el exjefe de gabinete Alberto Otárola, considerado el brazo derecho de la presidenta, la reveló ante una comisión del Congreso.
«Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio (2023) como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida», indicó la fiscalía.
El gobierno denunció intentos de «quebrar el orden constitucional» desde el Congreso y tildó de «desleal» al exjefe de gabinete Otárola, a quien Boluarte destituyó en marzo por supuesto tráfico de influencias.
Boluarte también está en la mira de la fiscalía desde hace meses por un escándalo de relojes de lujo -conocido como «Rolexgate»- y la matanza de 50 civiles en la represión de las protestas cuando asumió el poder el 7 de diciembre de 2022.
Solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.
El parlamento es controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, que virtualmente cogobiernan con ella.
Desde julio de 2016, Perú ha tenido seis gobernantes en medio de la peor ola de inestabilidad política de su historia moderna.
La presidenta, cuya desaprobación es del 94% en los sondeos, ha descartado renunciar y afirmó en diciembre que «saldrá por la puerta grande de Palacio» cuando concluya su mandato.