La región italiana de Toscana (norte) se ha convertido este martes en la primera del país en regular el suicidio asistido, colmando un vacío legislativo a escala nacional seis años después de que el Constitucional despenalizara esta práctica.
«Este es un salto de calidad y de civismo que la Toscana cumple la primera entre el resto de regiones y antes incluso que el Parlamento«, destacó antes de la votación el presidente regional, Eugenio Giani, del progresista Partido Demócrata (PD).
Iniciativa popular
El proyecto de ley aprobado por el parlamento toscano había sido presentado por iniciativa popular por la ‘Asociación Luca Coscioni’, especializada en derechos civiles, y en su texto aclara los plazos y modos en los que un ciudadano puede reclamar el ‘suicido asistido’.
Se trata de la primera región en hacerlo, a pesar de que en 2019 el Tribunal Constitucional lo había despenalizado en caso de que el paciente fuera consciente y sufriera una patología irreversible con «sufrimientos físicos y psicológicos intolerables», entre otros supuestos.
La corte además emplazó al Parlamento nacional a legislar para colmar este vacío legal -hasta entonces el ‘suicidio asistido’ podía acarrear penas de hasta 12 años de cárcel- pero por el momento esto no ha ocurrido.
La ausencia de una ley nacional ha obligado en los últimos años a las distintas regiones italianas a estudiar cada caso que se les presentaba de forma individual, lo que suponía un obstáculo, mientras que numerosos pacientes han tenido que acudir a Suiza.
Desde hoy Toscana será la única con una ley sobre esta materia, aprobada en su Consejo Regional por 27 votos a favor -del PD y del Movimiento 5 Estrellas- y 13 contrarios, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni y otros partidos conservadores.
El presidente toscano aseguró que este resultado es «un mensaje» a todo el país porque, dijo, «no es posible» que el Parlamento no haya escuchado las indicaciones del Constitucional en estos seis años.
La ley aprobada hoy prevé que las autoridades sanitarias toscanas deban asegurar que el proceso para recurrir al ‘suicidio asistido’ en un plazo máximo de 54 días y articula los organismos que deberán dirigirlo, entre otras disposiciones.
La asociación ‘Provita e Famiglia’ (Provida y Familia) pidió al Gobierno de Meloni recurrir esta ley que considera «evidentemente inconstitucional».
