El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, compareció este jueves en la primera vista preliminar del juicio penal al que será sometido por supuesta insurrección a raíz de su declaración de la ley marcial el pasado diciembre, que ha sumido al país asiático en una crisis política.
Yoon, que fue inhabilitado por el Parlamento nacional tras dicha declaración, permanece formalmente en el cargo mientras sigue abierto otro proceso político en el Tribunal Constitucional, y cuya décima y última vista prevista antes de las deliberaciones de la sala responsable tendrá lugar también hoy mismo.
El líder conservador se ha convertido de este modo en el primer presidente del país en ser sometido a un juicio penal estando en el cargo.
El de insurrección es el único cargo ante el que un mandatario de Corea del Sur no tiene inmunidad.
La audiencia de este jueves comenzó a las 10:00 hora local (1:00 GMT) en el Tribunal del Distrito Central de Seúl y tiene como objetivo aclarar cuáles son los hechos en disputa y planificar los procedimientos judiciales futuros.
La ley surcoreana no requiere que el acusado acuda a una vista preliminar, pero Yoon decidió asistir. El mandatario entró al tribunal vestido con traje de chaqueta negro y corbata roja, según detalles publicados por la agencia local de noticias Yonhap.
Los abogados del presidente han dicho que explicarán en un futuro la postura de Yoon sobre los cargos que enfrenta, alegando que aún deben revisar todos los registros del caso, de acuerdo a este medio.
El tribunal ha decidido celebrar otra vista preliminar para el juicio en una fecha aún por determinar.
Está previsto que la defensa de Yoon rechace todas las acusaciones, como ha venido haciendo en el juicio político que está instruyendo el Constitucional sobre su destitución.
El propio Tribunal del Distrito Central de Seúl comenzó hoy también a revisar la solicitud del equipo legal de Yoon para que su arresto sea anulado y se le libere.
«Como los motivos de su arresto ya no son válidos y está muy claro que actualmente está bajo arresto ilegal, esperamos que el juez tome una decisión sensata», dijo el abogado Yun Gap-geun, que aseguró que el líder político cooperará en la revisión, según declaraciones publicadas por Yonhap.
La policía movilizó a unos 3.200 agentes alrededor del tribunal para controlar a la multitud congregada cerca del mismo, para lo que instalaron barreras y alinearon autobuses a modo de cordón, después de que simpatizantes del presidente vandalizaran otro tribunal a raíz de su detención.
Yoon permanece detenido desde el pasado 15 de enero en el marco de la investigación penal por el supuesto delito de insurrección por haber declarado brevemente la ley marcial a comienzos de diciembre.
El castigo por insurrección en Corea del Sur es la cadena perpetua o la pena capital, para la cual existe una moratoria desde 1997.