El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que en la actual gestión se han remitido más de 50 casos de posibles irregularidades a distintas instituciones fiscalizadoras del Estado.
Estos expedientes han sido enviados a la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude, la Cámara de Cuentas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
De los casos remitidos, más de 10 han sido enviados a la Procuraduría, al considerar que presentan indicios de responsabilidad penal. Otros involucran violaciones éticas que podrían derivar en sanciones administrativas.
Pimentel destacó que la Dirección de Contrataciones Públicas mantiene una política de transparencia y supervisión constante de los procesos de compra del Estado.
Aseguró que la institución analiza y asume investigaciones de oficio cuando identifica posibles irregularidades.
Acciones realizadas
Asimismo, indicó que la Procuraduría ha tomado acciones en algunos de los expedientes remitidos, mientras que otros continúan en proceso de investigación.
«La Procuraduría General de la República ha actuado en algunos de estos casos, en otros están en proceso de investigación, y nosotros siempre nos reiteramos las órdenes para colaborar con el Ministerio Público en lo que nos requiera», aseguró.
El funcionario enfatizó que bajo su dirección no habrá inacción ante denuncias y observaciones relacionadas con las contrataciones públicas.
«Siempre va a haber un análisis, va a haber una investigación y va a haber resultados, y eso es lo que hemos hecho en este tiempo», expresó.
Pimentel reiteró la importancia de que la ciudadanía ejerza un rol de vigilancia sobre las contrataciones del Estado, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gestión con la transparencia y la rendición de cuentas.
