El avance de las políticas de ultraderecha en todo el mundo está suponiendo un importante retroceso para las mujeres y niñas.
De EE. UU. a Argentina, pasando por Centroamérica o Europa Central, los derechos más elementales de las mujeres son cercenados impunemente ante los ojos del mundo, según las organizaciones en defensa de los derechos de la mujer.
Esta políticas se traducen en:
- Ataques contra el aborto, que ponen en riesgo la salud y la vida de niñas y mujeres.
- La negación de la violencia machista, con el desmantelamiento de políticas de protección y la merma de fondos para casas de acogida o apoyos a víctimas.
- Los refuerzos a los roles de género que quitan independencia y devuelven a las mujeres a su papel de madres y cuidadoras.
También las personas migrantes y la población LGTBIQ++ son víctimas de esta regresión, por los discursos racistas, homófobos y transfobos, el aumento de delitos de odio y recortes en servicios sociales que aumentan su vulnerabilidad.
El aborto en EE.UU., el inicio de la caída
En Estados Unidos, donde los derechos de las mujeres parecían consolidados, la mecha se encendió en 2022 con la sentencia de la Corte Suprema ‘Roe versus Wade’.
Esto limitó la protección constitucional al aborto y provocó su prohibición en doce estados y limitaciones en otra veintena. Y la gasolina la ha puesto la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
«Estamos en una etapa de confusión, de caos, y atravesando una crisis de salud pública en materia de salud sexual y reproductiva», describe a EFE Alejandra Soto, directora de comunicaciones y medios latinos de Planned Parenthood Federation of America (PPFA).
Ella asegura que esta “fractura” acaba afectando más a las mujeres más pobres, a las racializadas y a las migrantes, que no pueden viajar hacia otros estados donde el aborto es legal.
En 2023, más de 166,000 viajaron a otros estados para recibir atención médica relacionada con el aborto, el doble que en 2020.
Para la directora de género, sexualidad e identidad de Amnistía Internacional (AI) Estados Unidos, Karla Gonzáles, las restricciones al aborto y a otros derechos son parte de «una agenda mucho más amplia» y «mundial» de la ultraderecha que tiene sus raíces en «el patriarcado» y la «supremacía blanca».
Según el último informe de AI sobre derechos humanos, en 2023 se aprobaron 84 proyectos de ley «anti-LGBTI» en Estados Unidos, cuatro veces más que el año anterior. «No ha sucedido de la noche a la mañana. Ahora con Trump se ha multiplicado”, explica.
El presidente decretó que el Gobierno Federal solo reconozca «dos sexos, masculino y femenino» y se está retirando apoyos federales a los procedimientos de atención sanitaria a trans.
Las víctimas de violencia de género en todo el mundo también se van a ver afectadas tras el congelamiento de fondos internacionales para la lucha contra esta violencia, añade Gonzáles, quien cree que “casi un millón de mujeres ya no van a tener acceso”.
Latinoamérica, pocos derechos y nuevos ataques
En muchos países latinoamericanos los derechos de las mujeres siguen anclados en el pasado, el aborto está prohibido y las tasas de violencia física y sexual y de embarazos infantiles son alarmantes. Todo se ha radicalizado con Javier Milei en Argentina o el salvadoreño Nayib Bukele.
La vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, explica a EFE que pese a los avances en Colombia, que ha despenalizado el aborto hasta la semana 24, o en México, donde cada vez más estados legalizan la práctica, hay cuatro países -El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana – con las penas más severas contra el aborto, lo que tiene «un impacto terrible en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas».
La violencia sexual en muchos países es sistemática y producto de esas violaciones, miles de niñas quedan embarazadas cada año.
En Honduras, en 2024 el 76 % de las víctimas de violencia sexual eran niñas, la mayoría abusadas por un familiar o un conocido, según organizaciones feministas, y en Nicaragua, el 41 % de los peritajes médico-legales por violencia sexual se realizaron en niñas entre 0 y 12 años de edad y el 40 % en adolescentes entre 13 y 17 años, según IPAS.
Martínez subraya que la violencia sexual «se ha normalizado de una forma muy brutal en la sociedad», de tal forma «que muchas veces no es percibida como tal o es justificada».
Otro ejemplo es Argentina que, después de haberse logrado la legalización del aborto en 2020, la ley de cupo laboral travesti-trans y la implementación del DNI no binario, entre otros, hoy atraviesa un contexto “regresivo” que pone “en riesgo” estas conquistas, dice a EFE la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.
El Gobierno de Milei “desmanteló” instituciones, entre ellas el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “recortó en asistencia y políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género” y anunció que quiere eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.
En 2024, se registraron 252 femicidios, según la Defensoría del Pueblo, un 8 % más que en 2022.
Además también se ha registrado un “notable aumento” de las barreras de acceso al aborto.
“Estamos en una situación de crisis total en la medicación abortiva y anticonceptiva porque el año pasado se entregaron las últimas medicaciones y para 2025 no hay planificación”, comenta la doctora Julia Bazán, médica de un hospital público en la provincia de Buenos Aires.
Riesgo en Europa
“Los derechos de las mujeres siempre están en riesgo y es muchísimo más evidente cuando hay gobiernos que dan alas a una serie de narrativas y políticas. Y eso (…) también lo vemos en varios países de Europa”, asegura a EFE la responsable de Campañas sobre Mujeres de AI, Mónica Costa Riba.
Entre los derechos en jaque en Europa, Costa destaca el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito.
Se calcula que, en toda Europa, más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado ese derecho, y hay países, como Andorra o Malta, en los que está totalmente penalizado, o Polonia, con una de las leyes del aborto más restrictivas de todo el continente, solo permitido en caso de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre.
La promesa electoral del primer ministro polaco, Donald Tusk, de avanzar hacia un aborto libre, legal y sin riesgos, no se ha cumplido.
“El aborto está increíblemente penalizado en Polonia, sobre todo, a nivel de ayuda. En principio, tras el cambio de gobierno, las embarazadas no son penalizadas por abortar, pero todo lo de alrededor sí”, explica Costa.
En este contexto, la activista Justyna Wydrzynska ha sido criminalizada por su labor. Con su equipo, Abortion Dream Team, han ayudado a más de 47,000 mujeres a acceder a un aborto en el último año. «No estamos dispuestas a esperar que las leyes cambien, nos organizamos entre nosotras para ayudar a quienes lo necesitan», asegura.
Por otro lado, en Italia, donde antes de la llegada de la ultraderechista Giorgia Meloni el acceso al aborto era difícil, se ha acelerado desde 2022 la erosión de este derecho.
El 63,4 % de los ginecólogos se declararon objetores de conciencia, según un informe de Médicos del Mundo Italia, que señala que las mujeres son obligadas a escuchar el latido fetal o que son víctimas de hostilidades y lenguaje ofensivo por parte del personal sanitario.
En abril de 2024 Meloni aprobó un paquete de enmiendas que incluye el permiso a las organizaciones antiabortistas a entrar en las clínicas abortistas.
La situación es similar en Hungría, donde, con el aborto legal desde 1992, desde septiembre de 2022 el gobierno ultraconservador de Viktor Orbán obliga a las mujeres que quieren abortar a asistir a sesiones de asesoramiento y a escuchar el latido del feto.
Este retroceso global no es una situación pasajera, advierte Costa Riba: “La amenaza a los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ lleva años en crecimiento y no muestra señales de disminuir”. Por eso, “la movilización es clave”.
“Pensar que esto no te afecta a ti es un error; nos afecta a todos porque el debilitamiento de derechos no es algo que se quede en un ámbito lejano, nos toca como sociedad”, explica Costa, que destaca la importancia de la solidaridad con las personas más vulnerables.
