El Senado de la República comenzó hoy nuevamente los aprestos para aprobar el Código Penal, una normativa que vaga desde hace más de dos décadas y que, cada vez que se inicia una legislación, surgen expectativas, pero se cae debido al temor de los legisladores con la parte conflictiva, como las tres causales del aborto.
La pieza de ahora es la misma que el Pleno aprobó en julio del 2024, cuando recibió 20 votos a favor y dos en contra; sin embargo, volvió a caducar en la Cámara de Diputados.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió el proyecto a una comisión especial integrada por Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, junto a Santiago Zorrilla, Pedro Catrain, Antonio Taveras Guzmán, Omar Fernández, Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Franklin Romero y Lía Inocencia Díaz.
La pieza tiene 419 artículos y eleva hasta 60 años de prisión la pena acumulada y 40 años de prisión para el sicariato y el feminicidio. También se castiga a los reincidentes y sanciones más drásticas contra la corrupción y tráfico de influencia.
Penalización del aborto
Sin embargo, el punto agitado del documento tiene que ver con las tres causales del aborto.
El artículo 109 condena hasta con dos años de prisión a “quien, mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta”.
Una herramienta al nuevo Ministerio Público
El proponente Ramón Rogelio Genao indicó que ahora que la República Dominicana estrena un Ministerio Público constitucionalmente independiente, es el momento ideal para darle a ese órgano las herramientas para combatir la corrupción y otros delitos.
En ese sentido, dijo que es necesario adaptar a los nuevos tiempos, el “anacrónico”, “caduco” y “viejo” Código Penal dominicano. Para eso, también instó a que los diputados sean fértiles con la aprobación de la normativa, donde ha perimido dos veces en los últimos cuatro años.
Reacciones
Ricardo de los Santos también ponderó la pieza, indicando que, cuando el Código Penal se aprobó en el siglo XIX (1844) no existían términos como “ciberdelito” y “ciberseguridad”, por lo la República Dominicana le urge una nueva legislación.
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Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, está a favor de que ya se apruebe y sí es posible, que haya vistas públicas para expresión de la población.
De su lado, Ginnette Bournigal, representante de Puerto Plata, reiteró su postura de que se incluyan las tres causales.
Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez, proyecta buenos resultados, porque, según él, ya no hay presión de organismos internacionales. “Ustedes lo saben”, respondió el legislador cuando la prensa le preguntó sobre cuáles eran los organismos que presionaban.
Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputado, una comisión especial organizó vistas públicas, en las que se hicieron 143 observaciones.
Luego rindió un informe con 16 cambios a la pieza aprobada por el Senado.
Sin embargo, ante los dimes y diretes de los diferentes sectores, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, quien en el 2022 dijo que el país tendría su nuevo código, declinó someterlo, indicando que «no puede llevarse con la celeridad que la gente quiere».