El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, alertó este jueves ante el Senado sobre “la grave” crisis de seguridad vial que enfrenta el país, calificando los accidentes de tránsito como una «pandemia silente» que ha cobrado más vidas que el coronavirus en el 2020 y 2021.
Durante su intervención en el Senado, que se prolongó por tres horas, Morrison hizo un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas.
Criticó la ineficiencia en la aplicación de las leyes de tránsito y denunció la falta de recursos y personal en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), lo que dificulta el control del caos vial en el país.
Morrison señaló que, mientras el coronavirus cobró la vida de alrededor de 2,000 dominicanos en 2020, los accidentes de tránsito fueron responsables de 2,111 muertes en ese mismo año.
A lo largo de los dos años siguientes, la cifra de víctimas fatales por accidentes continuó en aumento, con más de 8,000 muertes anuales, superando las del coronavirus.
«No hay agentes«
Uno de los problemas principales que destacó Morrison es la falta de personal en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que es la entidad encargada de la fiscalización de las leyes de tránsito.
En el Distrito Nacional, por ejemplo, existen más de un millón de vehículos, pero solo 377 agentes de la Digesett, lo que dificulta el control efectivo de la ley, según precisó.
El funcionario puntualizó que en Bonao solo hay 17 agentes, mientras que en otras zonas como la provincia Independencia o Santiago Oeste no hay ni un solo agente para fiscalizar el tránsito y poner multas.
Las multas son flojas
El director del Intrant también expresó su preocupación por las multas de tránsito, que considera ineficaces debido al monto bajo.
Aunque la ley establece que las multas deben ser de 10,000 pesos, en la práctica, las multas se imponen por un valor mucho menor, alrededor de 1,600 pesos, lo que, según Morrison, provoca un incumplimiento generalizado de la Ley 63-17, que es la que regula el tránsito en el país.
En su intervención, enfatizó que esta situación está generando una «burla» de la ley, pues muchos conductores no perciben las sanciones como un castigo serio y que, además, la prescripción de un año de las multas provoca que los choferes no se preocupen por saldarlas.
En este sentido, Morrison mencionó envió una carta a la Procuraduría General de la República (PGR), cuando era dirigida por Miriam Germán Brito, solicitando que se apliquen las multas según lo establecido en la ley, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Para enfrentar esta situación, Morrison presentó varias propuestas para reformar la ley de tránsito 63-17. Entre las principales modificaciones que propuso, destacó la declaración de rebeldía para aquellos conductores que no paguen sus multas en el plazo establecido, lo que les permitiría perder su licencia de conducir.
También abogó por ampliar el plazo de prescripción de las multas de un año a cinco años, lo que permitiría a las autoridades tener más tiempo para aplicar justicia.
Otra de las propuestas clave fue la creación de un sistema de sanciones más severas para las carreras clandestinas, que podrían ser penadas con hasta dos años de prisión.
Morrison también anunció una nueva iniciativa educativa en colaboración con el Ministerio de Educación
Esto tiene como objetivo capacitar a 300,000 estudiantes de secundaria en seguridad vial para el año 2028.
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El director del Intrant expresó su frustración por la falta de recursos en su institución, indicando que los fondos recaudados por las multas están siendo dirigidos en su mayoría a la Procuraduría, lo que limita la capacidad del Intrant para llevar a cabo sus programas de seguridad vial.
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Reiteró la necesidad de modificar la ley 63-17 para asegurar que el Intrant reciba una mayor parte de los recursos destinados a la seguridad vial.