Pro-Competencia realiza informe sobre ley de residuos sólidos

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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) envió a la Cámara de Diputados un informe con recomendaciones sobre el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y «Coprocesamiento» de Residuos Sólidos.

Al enviar las recomendaciones, ProCompetencia advirtió sobre el riesgo de crear monopolios en la disposición final de residuos e indicó que está acción tiene como objetivo es garantizar la libre competencia y la libertad de empresa en la gestión de residuos sólidos.

La entidad recomienda modificar el artículo 130, que limita a un solo relleno sanitario por región, y eliminar restricciones establecidas en el artículo 133.

María Elena Vásquez Taveras, presidenta del consejo directivo, explicó que con esta limitación los municipios no tendrían referencias para evaluar la calidad del servicio.

“La obligación de los municipios de utilizar exclusivamente el relleno regional genera una relación de dependencia forzosa sin alternativas legalmente disponibles”, explicó la presidenta del organismo a través de una nota de prensa.

También señaló que depender de un solo proveedor aumentaría la vulnerabilidad del sistema ante fallas operativas.

Recomendaciones

El informe también sugiere eliminar la exigencia de que las plantas de valorización instalen rellenos sanitarios, establecida en el artículo 116.

Según Pro-Competencia, esta medida impone barreras de entrada y limita la especialización eficiente. Además, plantea:

  • Eliminar restricciones a plantas de valorización existentes, permitiéndoles operar en regiones con rellenos sanitarios.
  • Reducir la duración mínima de contratos de operación, pasando de 10 años a un período de 3 a 5 años.
  • Eliminar la discriminación contra plantas de reciclaje de plásticos, permitiendo su acceso al sistema de pagos del fideicomiso.
  • Realizar un estudio de impacto económico antes de incrementar las contribuciones establecidas en el artículo 36.

Pro-Competencia advierte que estas barreras podrían afectar la innovación y el emprendimiento en un sector clave para el medioambiente.

Sobre el informe

La Ley 42-08 faculta a Pro-Competencia a emitir informes sobre proyectos que afecten la competencia en los mercados.

La entidad considera que la regulación debe garantizar condiciones equitativas, fomentar la inversión y evitar distorsiones que limiten la eficiencia del sistema.

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