El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo este viernes que 4,239 personas fueron asesinadas y 1.356 heridas en Haití entre los pasados meses de julio y febrero, en crímenes cometidos con armas que llegan ilegalmente del extranjero, a pesar del embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El 92 % de las víctimas han sido blanco de las armas de fuego que circulan en Haití, que cada vez son más sofisticadas y de las que habría entre 270,000 y 500,000 unidades, sostuvo el alto comisionado Volker Türk al presentar al Consejo de Derechos Humanos el último informe de su organismo sobre este país.

• «Las pandillas han ampliado su control sobre áreas de Puerto Príncipe que antes estaban libres y sus alrededores, tomando territorios e infraestructuras», señaló.

Según las informaciones recabadas, distintas pandillas se han unido para lanzar ataques coordinados, utilizando armas poderosas y en algunos casos superando en número y en potencia a la fuerzas del orden.

Türk enfatizó que para contener la crisis que carcome Haití es esencial detener el flujo de armas ilegales hacia este país porque a menos que se aborden los factores que perpetúan el caos «cualquier avance en seguridad y estabilidad será temporal».

El informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que el uso de la violencia sexual ha aumentado de manera alarmante, con casos de violaciones colectivas y explotación sexual utilizados por las pandillas como herramientas de coerción sobre las comunidades y para acentuar su dominación.

Asimismo se explica que las pandillas han implementado su propia forma de gobierno en las áreas bajo su control, desafiando la autoridad del Estado y a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional.

• En el periodo que cubre el informe, más de 2,000 personas fueron asesinadas o heridas en operativos policiales contra pandillas, un 60 % más que en los seis meses anteriores, con un 30 % de las víctimas alcanzadas por balas perdidas.

La ONU también ha documentado 219 ejecuciones extrajudiciales por parte de unidades especializadas de la policía, un aumento significativo en comparación con los 33 casos registrados en 2023.