Cientos de indígenas mantenían el lunes paralizadas varias carreteras de Guatemala en protesta por la detención de dos líderes de la organización que encabezó las protestas en 2023 que reclamaban la renuncia de la fiscal general y una transición pacífica de poder del actual presidente Bernardo Arévalo.
Por lo menos 11 carreteras en nueve departamentos han sido bloqueadas, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
El líder indígena Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, y el también indígena Héctor Batz Chaclán, exmiembros de la Junta Directiva de 48 Cantones de Totonicapán —que lideraron las protestas—, fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización de la acción penal solicitados por la fiscalía encabezada por Consuelo Porras.
La jueza Carol Patricia Flores ordenó que fueran investigados por terrorismo y obstaculización de la justicia.
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció los bloqueos en reclamo de su liberación, a los que se han unido otras agrupaciones.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado dijo que las protestas fueron planificadas y que dañan el patrimonio de los ciudadanos. Asimismo mostró cómo evidencias de sus acusaciones mensajes en redes sociales de ciudadanos refiriéndose a los bloqueos.
El secretario de Comunicación del presidente, Santiago Palomo, dijo que el gobierno hará prevalecer el diálogo con los manifestantes y la libre movilidad.
Arévalo ha condenado la detención de ambos indígenas, catalogándola de espuria y sin fundamento, y ha llamado “cuadrilla de criminales” a los miembros de la cuestionada fiscalía. Los arrestos también han sido rechazados por organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea.
Rechazo internacional
La detención de los líderes indígenas ha generado rechazo a nivel nacional e internacional. El lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se solidarizó con los detenidos y con el presidente Arévalo.
“Me van a decir que estoy interviniendo en los temas de Guatemala, no, es sencillamente parte la política exterior de México, defender la autodeterminación de los pueblos y la defensa de personas que han luchado siempre por la democracia”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
Por su parte, la embajada británica en Guatemala dijo estar profundamente preocupada por la persecución a autoridades indígenas y que el “uso del sistema de justicia como arma socava el Estado de Derecho”.
El viernes la jueza Flores ordenó que Pacheco y Batz Chaclán queden bajo proceso para ser investigados, ordenó su reclusión en una prisión y dispuso que el caso quede bajo reserva judicial. Asimismo, dio dos meses a la fiscalía para investigar los hechos.
La fiscalía ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que éste asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos, incluido un presunto fraude electoral.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales certificaron que en los comicios presidenciales de 2023m en los que triunfó Arévalo, no hubo fraude.
Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, que le han prohibido la entrada a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
Las protestas lideradas por los indígenas hace dos años fueron dirigidas también contra un subordinado de Porras y un juez que comandaron las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla de Arévalo.
clic para editar placeholder»>