El Juzgado Número 4 de Ávila lleva a cabo una investigación para esclarecer si varios trabajadores de la prisión de Brieva, en la provincia de Ávila, mantuvieron relaciones sexuales a cambio de un teléfono móvil con la dominicana Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Quezada, quien cumple una condena de prisión permanente revisable en este centro penitenciario, habría intentado establecer contacto con el exterior en múltiples ocasiones.
La situación fue dada a conocer hace aproximadamente mes y medio, y en su denuncia, la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, señaló la gravedad de los hechos, los cuales incluyen presuntos tratos de favor y una vulneración de los derechos de la familia Cruz, según lo establecido en el Estatuto de la Víctima y normativas europeas relacionadas.
La madre del niño Gabriel, Patricia Ramírez, convocó una rueda de prensa para este miércoles 7 de mayo en Almería, Ramírez donde se espera que hable sobre lo que considera un desamparo y desprotección institucional y judicial.
La investigación de los hechos ha revelado que, presuntamente, Quezada habría mantenido relaciones sexuales con varios trabajadores de la prisión, incluidos un cocinero y otros funcionarios, en lo que se considera un posible delito de cohecho.
Los informes indican que estas relaciones habrían sido grabadas por la propia Quezada, quien habría utilizado el teléfono móvil para obtener pruebas con el objetivo de chantajear a la dirección del centro y conseguir su traslado a una prisión en Barcelona.
A pesar de que las competencias sobre las prisiones de Cataluña corresponden a la Generalitat, Quezada habría utilizado este medio para presionar por su traslado.
Tratos a favor de Quezada
En mayo de 2024, en una comparecencia pública, Patricia Ramírez advertía sobre los tratos de favor en la prisión a Ana Julia Quezada. ‘Tiene un teléfono móvil en la prisión con el que está intentando grabar el documental, también sabemos que le están ayudando dándole dinero en los vis a vis”, explicó.
En base a la información recopilada, la madre de Gabriel presentó una denuncia indicando que su fuente le informó que a finales de abril de que se grabaron diferentes personas con testimonios que le favorecen.
“Hemos solicitado una investigación interna para que se depuren responsabilidades, tanto a su persona como a posibles funcionarios implicados”, señaló.
Incumplimientos
En junio comenzó la batalla legal de Patria contra los incumplimientos que se estaban cometiendo en la prisión de Ávila.
En una intervención en el Senado, la madre expuso las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el centro penitenciario y logró parar la producción de un documental sobre la asesina de su hijo, que se estaba grabando sin cumplir las normativas de la prisión.
Ramírez también presentó una querella contra Quezada y, de forma subsidiaria, contra Instituciones Penitenciarias, por lo que considera un incumplimiento de las normas penitenciarias.