El Gobierno de Perú promulgó una ley que incluye como sujetos imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que hallan cometido delitos como sicariato, extorsión y homicidio calificado, una norma que este domingo produjo el rechazo del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La norma publicada en el diario oficial El Peruano, que ya había sido aprobada por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.

Durante el primer debate en el Congreso de la norma, el parlamentario ultraconservador Alejandro Muñante, uno de los autores de la iniciativa, afirmó que en Perú, cuando un menor de 16 o 17 años comete delitos muy graves, es simplemente sancionado «como un infractor de la ley penal».

«Es decir, se le da el mismo tratamiento de un niño«, remarcó. 

El parlamentario fujimorista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi también consideró «indispensable» la aprobación de esta iniciativa ya que, según dijo, la Policía sabe que las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para que cometan delitos muy graves.

• Tras la promulgación de la nueva norma, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que «rechaza esta ley por considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos».

«Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección», recoge el mensaje.

A juicio del poder judicial, la ley «vulnera el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para los adolescentes«, así como una disposición «que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales».

Por su parte, el Ministerio Público expresó su rechazo a la ley y destacó que en Perú «ya existe un sistema de tratamientos a los adolescentes que infringen la ley penal».

«Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta diez años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente, reconociendo que se trata de una persona en formación», agregó el mensaje.