España encendió las alarmas en el sector del turismo digital, ayer lunes, al anunciar que ordenó el bloqueo de más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en Airbnb.

La medida, sin precedentes en ese país, responde a una creciente preocupación por la “turistificación” de barrios residenciales, el aumento del precio de la vivienda y la proliferación de alojamientos sin regulación.

Esta decisión tiene ecos que resuenan con fuerza en República Dominicana, un país que se ha convertido en un paraíso sin reglas para plataformas como Airbnb, que operan sin pagar impuestos ni cumplir con requisitos mínimos.

La ofensiva del gobierno español contra los alquileres ilegales forma parte de una estrategia más amplia para proteger el derecho a la vivienda y controlar el turismo masivo.

España es el segundo país más visitado del mundo, solo detrás de Francia, y enfrenta desde hace años los efectos del auge de plataformas digitales en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.

La orden, emitida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, exige a Airbnb retirar 65,935 anuncios que no cuentan con número de licencia, tal como exigen las comunidades autónomas.

• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la decisión, lo que deja el camino libre para su ejecución inmediata.

En paralelo, ciudades como Barcelona imponen fuertes multas a quienes alquilan sin autorización, exigen mostrar el número de licencia en los anuncios y limitan el número de días que se puede alquilar una vivienda.

Este enfoque regulatorio no es exclusivo de España. París, Berlín, Ámsterdam y Nueva York han implementado medidas similares, con controles de fiscalización, límites a la duración de las estancias, e incluso cooperación directa entre Airbnb y los gobiernos para compartir datos fiscales.

Beneficiaria de vacío legal 

Mientras Europa endurece su postura, en República Dominicana Airbnb continúa operando en absoluta informalidad. La plataforma no está sujeta a ningún régimen fiscal claro.

Ni ella ni sus anfitriones pagan el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni están obligados a registrarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Se trata de un vacío legal que se ha convertido en una forma de competencia desleal frente a la industria hotelera formal, que sí tributa, cumple con normativas sanitarias, laborales y de seguridad.

Según datos del Ministerio de Turismo (MITUR), en febrero de 2024 había en el país más de 47,000 propiedades registradas en plataformas de alquiler de corta duración, con unas 117,000 habitaciones disponibles.

Esta cifra supera en un 37% la capacidad hotelera nacional, que ronda las 87,000 habitaciones.

En zonas como Punta Cana, Santo Domingo, Samaná o Las Terrenas, la presencia de Airbnb ha transformado completamente el paisaje urbano y turístico.

Reforma fiscal fallida

En 2024, el Gobierno dominicano presentó una ambiciosa reforma fiscal que incluía el establecimiento de impuestos para servicios digitales, entre ellos Airbnb. Se estimaba que la medida podía generar más de 6,000 millones de pesos anuales en ingresos.

Sin embargo, la propuesta naufragó en el Congreso, víctima de presiones políticas, oposición de grupos empresariales, e incluso del propio sector turístico informal que se beneficia de la actual falta de reglas.

Un decreto presidencial, publicado el 25 de enero en la Gaceta Oficial No. 11186, obligaba a plataformas digitales extranjeras a registrarse en el país y actuar como agentes de retención fiscal, con vigencia desde julio de 2025.

Sin embargo, fue derogado el 3 de marzo, apenas unas horas después de que su existencia saliera a la luz pública, tras una publicación de Diario Libre. 

La eliminación de la medida coincidió, además, con la advertencia del expresidente de EE. UU., Donald Trump, quien había anunciado aranceles a los países que impusieran tributos digitales a empresas estadounidenses como Airbnb, Amazon o Google.

Asonahores: la regulación no depende de una reforma fiscal

Frente a la paralización de las medidas tributarias, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, fue enfático: regular las rentas cortas no requiere una reforma fiscal.

“Eso se puede analizar como un caso especial; no tiene que ver con una reforma fiscal, eso es un caso de que hay una necesidad de regulación”, puntualizó Bancalari, lamentando que el decreto fuera derogado tan rápidamente, cuando se abría una ventana para ordenar el sector.

Para Asonahores, el desequilibrio es evidente: los hoteles pagan impuestos, generan empleo formal y cumplen con todas las regulaciones, mientras que plataformas como Airbnb funcionan sin aportar al Estado y sin asumir responsabilidades sobre sus operaciones.

Esta situación distorsiona el mercado y desincentiva la inversión en el sector hotelero tradicional, uno de los pilares del turismo dominicano.

Competencia desleal y consecuencias sociales

La falta de regulación no solo afecta al fisco y al sector hotelero. También ha disparado los precios del alquiler residencial, especialmente en zonas urbanas y turísticas donde muchos propietarios prefieren destinar sus viviendas al mercado de turistas, en lugar de alquilarlas a largo plazo a dominicanos. 

En barrios como Gascue, Piantini, El Vergel o zonas céntricas de Santiago y Samaná, los alquileres han subido hasta un 30 % en los últimos cinco años.

Además, vecinos denuncian problemas de convivencia, inseguridad, rotación constante de huéspedes y edificios residenciales convertidos en hoteles informales sin control alguno.

El riesgo de seguir sin actuar

La inacción tiene un costo. No regular el sector significa perder ingresos fiscales, fomentar la informalidad y generar tensiones sociales.

También puede tener un efecto negativo en la imagen del país frente a inversionistas y organismos multilaterales.

En un momento en que el turismo representa cerca del 15 % del PIB dominicano, la falta de reglas claras para Airbnb es una anomalía que debe corregirse.

Regular no significa prohibir ni frenar la innovación. Significa equilibrar la balanza entre equidad fiscal, protección al consumidor y sostenibilidad urbana. La República Dominicana tiene la oportunidad de aprender de los errores y aciertos de otros países. Pero debe actuar pronto.

España, con su modelo turístico robusto y globalmente admirado, ha decidido poner orden. La pregunta es si República Dominicana, donde Airbnb ya supera la capacidad hotelera formal, seguirá esperando mientras el problema crece.