La corte suprema de Brasil retoma este miércoles un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un pionero proceso en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.
Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y excolaboradores suyos, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.
Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas apenas son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas.
El ciclo legal y el precedente con X
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando un juez de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia.
Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de «perseguir» al exmandatario (2019-2022).
Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por «acelerar la reglamentación» de las plataformas.
«No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (…) y diga que eso es libertad de expresión», dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.