Santo Domingo.- El Ministerio Público persigue a 55 personas implicadas en una estructura criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, quienes retiraron fondos de decenas de víctimas a través de cajeros automáticos, logrando estafar a una entidad financiera por más de siete millones de pesos.
Así lo establece la solicitud de medida de coerción, en la que se pide prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
Entre los implicados figura el cabecilla de la red, Fredery García Ortiz, propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., quien dirigía la organización junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, también involucrada en la estructura criminal que operaba desde Bonao.La medida de coerción será conocida este martes, a las 9:00 de la mañana, por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Entre los imputados figuran también Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango), además del cabecilla y su pareja.
Según el Ministerio Público, los acusados, junto a las 55 personas prófugas que integraban el esquema delictivo, formaron parte de una red que implementaba un modus operandi sofisticado para cometer actos fraudulentos, incluyendo asociación de malhechores, violación a la Ley de Alta Tecnología y lavado de activos, entre otros delitos.
La empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L. fue utilizada por la red para facilitar sus actividades ilícitas, entre ellas el fraude bancario y la usurpación de identidad. La organización accedía de manera fraudulenta a las cuentas bancarias de clientes de una entidad financiera, ejecutando múltiples transferencias ilegales a cuentas controladas por los miembros del grupo.
Posteriormente, los fondos eran retirados a través de cajeros automáticos (ATM) y mediante retiros presenciales en áreas de caja de distintas instituciones financieras.
La investigación se inició a partir de las reclamaciones presentadas por varios clientes afectados, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional. Esta labor incluyó allanamientos en Bonao y otras jurisdicciones, permitiendo identificar a los miembros de la red que accedieron ilícitamente a perfiles bancarios, realizaron transferencias y retiraron fondos de manera fraudulenta.
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