La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, impuso medida de coerción contra Wilson Yanet Then Cruz, propietario de un car wash, tras comprobarse su vinculación con una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
La medida consiste en una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una compañía aseguradora, luego de confirmarse denuncias de que al menos 20 mujeres fueron víctimas de esta actividad delictiva.
La solicitud de coerción fue presentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, en coordinación con la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.
Según la investigación, la red operaba desde el establecimiento “Wiljery Car Wash”, propiedad del imputado, donde además de lavado de vehículos y expendio de bebidas alcohólicas, se ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero.
El negocio contaba con habitaciones acondicionadas para tales fines, lo que evidencia una estructura sistemática de explotación sexual.
Then Cruz fue arrestado por las autoridades en la parte frontal del establecimiento, en cumplimiento de una orden judicial (número 601-01-2024-EADM-00107), y posteriormente sometido a la justicia.
Las pesquisas revelaron que las mujeres eran captadas y controladas para prestar servicios sexuales en el lugar, muchas de ellas permaneciendo allí durante una o dos semanas. Algunas procedían de provincias cercanas.
La conducta del imputado fue calificada como trata de personas, tipificada en el artículo 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y agravada por las condiciones establecidas en el artículo 7 de la misma normativa.