Las políticas aprobadas en los últimos años en Perú por el Congreso y por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte han favorecido la expansión del crimen organizado y han debilitado el Estado de derecho, alertó el último informe de Human Right Watch (HRW) presentado este martes en Lima.
El estudio, denominado ‘Legislar para la impunidad‘, aseguró que el aumento de la criminalidad está relacionado con la aprobación de varias leyes y el intento del Legislativo y Ejecutivo de tomar el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
«Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina, en Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar», sostiene HRW.
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En este sentido, la organización aseguró que en 2024 el crecimiento de la tasa de homicidios y del crimen organizado en Perú ha sido de los más altos del continente.
«Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado«, indica el informe.
Vínculo entre leyes y crimen
Para poder llegar a esta conclusiones HRW realizó, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, un total de 125 entrevistas en las ciudades de Lima, Trujillo, Pucallpa y Puerto Maldonado a jueces, fiscales, policías, líderes indígenas y funcionarios públicos sobre la expansión del crimen organizado y el rol de las autoridades en permitir o facilitar su avance.
Asimismo, analizó 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y por el Ejecutivo desde que Boluarte asumió la Presidencia en diciembre de 2022.
Algunas de estas políticas a las que se refiere son la modificación del Código Penal para excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal, aprobación de quitar autoridad a la Fiscalía en favor de la Policía en investigaciones criminales, y el cambio en la definición de “crimen organizado”, que dificulta a los fiscales la investigación de delitos conexos y los allanamientos.
Además de normas aprobadas que favorecen la deforestación y la minería ilegal, la ampliación de manera constante del registro formal de esta actividad.
En la presentación del informe, HRW destacó que «sin duda» este tipo de leyes están «debilitando» la capacidad del Estado peruano para combatir el crimen.
«No es normal tener un Congreso que legisla para debilitar el marco jurídico que debería contener este avance del crimen organizado, esto no se da en otros países de la región», expusieron los expertos, en relación a los vínculos de parlamentarios con la minería ilegal o el crimen organizado.
El informe también destaca un desconocimiento de la realidad de los grupos y bandas organizadas extranjeras y nacionales que operan en Perú, debido a una falta de voluntad política y a una escasez de recursos para investigar.
En este sentido, fuentes policiales aseguraron a los investigadores de HRW que los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo desde hace más de un año en diversas zonas del país para intentar frenar el crimen, están siendo ineficaces porque no van acompañados de una mejora de sus capacidades, ni en recursos ni formación.
