SANTO DOMINGO.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a un equipo de fiscales, depositó esta noche la solicitud de medida de coerción donde pide prisión en contra 10 de los implicados de la red de pago de soborno para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, desmantelada mediante la operación Lobo.
La magistrada Ortiz llegó llegó faltando seis minutos para completarse el plazo que establece la ley para depositar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a fin de que en las próximas horas se fije el conocimiento de la misma.
«Con Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas en empresas públicas en el área de seguridad privada. Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación», expresó Ortíz.
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Destacó que esta operación apenas inicia y pueden haber más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso.
Explicó que están solicitando prisión preventiva como medida de coerción ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas, que violan la Ley de Compra y Contrataciones en instituciones tan vulnerables como lo es INAIPI y las empresas distribuidoras de electricidad.
Advirtió que todo aquel que esté implicado en esta operación será sometido a la acción de la justicia.
Los implicados se encuentran detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se les conozca medida de coerción. Se espera que en el transcurso del día el Ministerio Público deposite la solicitud correspondiente ante el tribunal.
Entre los imputados figuran: Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de una empresa de seguridad privada; Bolívar Nicolás Fernández Espinal; Miguelina Antonia Rosario Sánchez; Mateo Hernández Cabrera; Belkis Antonia Fernández; José Guillermo Rodríguez Estrella; Andrés Pacheco Valera, Sterling Antonio Peralta Santos, Antonio Valentín Jáquez López, Miguelina Del Carmen Baez Tellería, Daniela Cuevas Santana y Ramón Quezada Ortiz.
Los oficiales
También fueron arrestados: el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles de Ejército, Elías Caamaño Pérez, Luis Ernesto Vicioso Bocio y Francisco Guarín Fernández Vásquez, y el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos.
De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva utilizaba la cuenta bancaria del oficial Wellington Peralta Santos para recibir fondos como pago de servicios. Según su abogado, Carlos Nova, su representado facilitó la cuenta bancaria de su esposa por solicitud de su superior, un coronel, quien le pidió que consiguiera una cuenta para recibir los fondos.
El jurista aclaró que su cliente desconocía el origen del dinero recibido.
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