El Ministerio Público depositó este miércoles, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el expediente acusatorio contra la presunta red de corrupción compuesta por coroneles activos, generales retirados y empresarios, quienes figuran entre un grupo de 15 detenidos en el marco de la Operación Lobo, por su vinculación con una supuesta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir servicios de seguridad privada a instituciones públicas estatales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.
Oficiales superiores arrestados
El órgano persecutor arrestó a 15 militares, entre ellos un mayor general del Ejército, y a civiles. Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
- Además, el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; del primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y del coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Sobre los contratos
Los contratos eran en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza Milagros Ortiz Bosch.