La Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) presentaron este miércoles al Ministerio Público «un informe exhaustivo» sobre violaciones a la ley en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adquisición de útiles escolares.
Al salir del despacho de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, Carlos Pimentel dijo que los procesos se realizaron en los últimos cuatro meses y envuelven «miles de millones de pesos«.
Sostuvo que en una investigación la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría hallaron «méritos suficientes» para que la Procuraduría General profundice de acuerdo a su competencia.
Los hallazgos
En tanto que en un documento de prensa agrega que la indagatoria arrojó indicios de una posible confabulación entre funcionarios del Inabie y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
“A esto se suma el comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como de los coordinadores responsables de dirigir y validar su trabajo, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada e informes alterados”, cita la nota de prensa.
Otras violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas que, dicen, identificaron fueron la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
Asimismo, se detectó falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
Asimismo, indicios “relevantes” de la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.
Contrataciones Públicas y la Unidad de Antifraude de la Contraloría agregan que otros de los hallazgos surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes.
La Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos vinculados a éstos, hasta tanto terminen las investigaciones que aún se encuentran en curso. Las recomendaciones buscan proteger los fondos públicos frente a posibles erogaciones indebidas.
Acompañó a Pimentel a la Procuraduría General, Andreina Guerrero, de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Los procesos irregulares son los INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012.