Juan Carlos Díaz, conocido como “el Mocho”, no es un desconocido para las autoridades judiciales. En el 2024 fue procesado penalmente en la provincia La Altagracia por su vinculación a un caso de tráfico de migrantes.
Un año después, su nombre vuelve a ocupar las páginas de un expediente, esta vez como el capitán de la yola que naufragó la madrugada del 11 de julio en las costas de la Playa Juanillo con decenas de personas a bordo, dejando un saldo trágico de ocho fallecidos.
Aunque las autoridades culminaron las labores de búsqueda por el naufragio de la embarcación que iba rumbo a Puerto Rico, hay un número no determinado de personas desaparecidas, incluido un niño de siete años.
La reincidencia de Díaz fue confirmada en la resolución judicial núm. 187-1-2024-SRES-012291, presentada por el Ministerio Público como parte del fundamento para solicitar prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo.
Para los fiscales, su comportamiento evidencia una conducta reiterativa y peligrosa, lo que representa un claro riesgo de fuga y amenaza para la sociedad.
El nuevo expediente, depositado el sábado 13 de julio, detalla cómo Díaz habría capitaneado la yola de fabricación clandestina que zozobró en las aguas de la Playa Juanillo. La yola era impulsada por dos motores fuera de borda marca Suzuki.
La embarcación, gris, no contaba con ningún registro legal ni condiciones mínimas de seguridad.
Otros implicados
El Ministerio Público incluye en el expediente a Starling Montilla, alias el Cojo, presunto ayudante del capitán; Franklin Zorrilla Cedano (a) el Gordito, encargado de los motores; y Elaine del Carmen Morla, quien habría tenido el rol de seguridad y logística.
Todos fueron identificados por testigos sobrevivientes mediante ruedas de reconocimiento.
Reclutamiento
17 personas lograron sobrevivir y relataron a las autoridades que fueron reclutadas con días de anticipación y trasladadas desde distintos puntos del país hasta Cap Cana, en la provincia La Altagracia, a bordo de un autobús turístico, lo que permitió burlar la seguridad del complejo.
Una vez en el muelle, se les exigió entregar sus celulares —especialmente a las mujeres—, y se les impuso control con amenazas y violencia física, según el expediente.
Naufragio, horror y muerte
La madrugada del 11 de julio, ya en alta mar, la embarcación se desestabilizó debido al sobrepeso, las malas condiciones marítimas y la falta de control.
Los testimonios indican que el capitán saltó al agua primero, mientras que las demás personas, incluyendo mujeres y niños, quedaron a su suerte. “Ese hombre (Juan Carlos) se tiró primero cuando vio que nos hundíamos”, dijo uno de los testigos.
Un total de 17 personas fueron rescatadas vivas, muchas de ellas con lesiones graves. Además, las autoridades recuperaron ocho cadáveres, de los que hay tres sin identificar.
Según los sobrevivientes, al menos un menor de edad continúa desaparecido.
Reincidencia como agravante
Según el Ministerio Público, la reincidencia de Juan Carlos Díaz refuerza la gravedad del caso.
“Se trata de un imputado reincidente en delitos de la misma naturaleza, lo que constituye un factor de alto riesgo procesal”, señala el documento judicial. La pena por el delito de tráfico de migrantes agravado puede alcanzar hasta 20 años de prisión, conforme a la Ley 137-03.
- Las autoridades sostienen que esta red opera como una estructura criminal organizada, con jerarquías, roles específicos, uso de violencia y rutas de escape internacionales, lo que justifica la declaratoria de complejidad del caso.
Solicitud de prisión preventiva
El expediente fue depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, que deberá fijar audiencia en los próximos días para conocer la solicitud de medidas coercitivas.
Mientras tanto, para las víctimas y sus familias, la historia de Juan Carlos Díaz no es solo la de un reincidente, sino la de un capitán que volvió a dirigir un viaje ilegal que terminó en tragedia.
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