“El extractivismo es una forma de acumulación por desposesión, donde los recursos naturales son mercantilizados y explotados a expensas de comunidades locales.” David Harvey

El extractivismo ha sido el modelo económico dominante en América Latina, desde la colonización, establecido en la explotación de recursos naturales, minerales, madera, petróleo, pesca, industria entre otros.

Aunque aporta miles de millones de dólares al PIB en diferentes países, este modelo genera desigualdad, pobreza, daños ambientales profundos, principalmente en las comunidades que se desarrollan estos proyectos.

Eduardo Galeano, en su obra más emblemática «Las venas abiertas de América Latina», narra cómo América Latina ha sido sistemáticamente explotada por siglos, desde la colonización hasta el presente.
Inicia su relato con la llegada de los europeos en el siglo XV y XVI, describiendo cómo el oro y la plata de América Latina, especialmente de Potosí, en el actual Bolivia, fueron extraídos masivamente para enriquecer a los imperios europeos, “Potosí, que dio más plata de la que jamás hubo en el mundo, hoy se muere de hambre.”

La República Dominicana, no escapa a esa realidad, el caso más representativo es el de la mina de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí, operada por la empresa Barrick Gold, la explotación de oro más grande de América Latina a cielo abierto, cuyo desprendimiento de la capa vegetal, se puede apreciar, desde las imágenes satelitales de google earth.

De la misma manera, la presa de cola, la cual es una estructura que se usan en minería para almacenar los residuos tóxicos, que quedan luego de extraer los minerales, como el oro, la plata, el cobre, entre otros. Estos residuos, contienen lodo, agua contaminada, metales pesados y sustancias químicas como cianuro, cuya desaparición de este lodo tóxico, puede durar siglos o de manera indefinida.

La presa de Hatillo, se sitúa en la comuna de Hatillo, a unos 6 km al suroeste de Cotuí, en la cuenca del río Yuna, es la reserva de agua dulce más grande del país, con una capacidad de 710 millones de m³, superficie de 22 km² y longitud máxima de 15 km, tanto la mina Pueblo Viejo como la presa de Hatillo, se encuentran en el mismo entorno hidrográfico en Sánchez Ramírez, a pocos kilómetros de distancia de Cotuí.

Ambas están conectadas mediante los sistemas fluviales del río Margajita y el río Maguaca, que desembocan en el río Yuna y finalmente alimentan el reservorio de Hatillo. Esto implica que cualquier falla o contaminación especialmente desde la presa de relaves, El Llagal, podría fluir aguas abajo y llegar al embalse de Hatillo, afectando el agua dulce del lago.

Un posible colapso de la presa de relaves, en pueblo viejo, provocaría que comunidades enteras quedarían atrapadas bajo el lodo tóxico, como ocurrió en Brumadinho, en Brasil en 2019, donde murieron más de 272 personas, además de consecuencias catastróficas a nivel ambiental, humano, social y económico.

Contaminación de fuentes de agua, enfermedades en comunidades cercanas, y una sensación de abandono estatal. Ríos como el Margajita y el Yuna, claves para la región del Cibao, han sido señalados repetidamente por estudios y denuncias como víctimas de los residuos tóxicos de la actividad minera.

Frente a esta situación, las resistencias sociales han cobrado fuerza. Movimientos como el de Loma Miranda Parque Nacional, demostraron que cuando las comunidades se organizan, pueden frenar intereses poderosos. La defensa del agua ha unido campesinos, ambientalistas, académicos, estudiantes y hasta sectores religiosos.

Hoy, nuevas luchas emergen en lugares como el Naranjo, provincia Sánchez Ramírez, ha reactivado protestas contra un nuevo depósito de relaves que construye Barrick Gold, y GoldQuest, San Juan y Santiago Rodríguez ha generado movilizaciones comunitarias en El Naranjo, Tres Bocas y otros sectores.
El futuro de las fuentes hídricas en la República Dominicana está en grave riesgo, si no se enfrenta la mega minería con responsabilidad ambiental, social y legal.

El agua ha dejado de ser solo un bien natural, para convertirse en un activo estratégico. Su importancia se intensifica en un contexto de crisis climática, expansión minera, deforestación acelerada y urbanización sin planificación.

No es casual que comunidades como las de San Juan de la Maguana repitan una y otra vez el lema: “El agua vale más que el oro”. El agua no solo riega cultivos y llena acueductos; es la base de la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad ecológica del país. Su abundancia o escasez puede determinar el destino económico de regiones enteras.

Hoy, las cuencas altas del Yaque del Sur, Yuna y Artibonito, esenciales para el riego agrícola y el consumo humano, están bajo presión por proyectos extractivos como el de GoldQuest en El Romero o las nuevas presas de relaves en Cotuí.

La minería metálica, aun con tecnología moderna, implica consumo masivo de agua y generación de residuos tóxicos que comprometen los acuíferos subterráneos y superficiales.

En este escenario, defender el agua es mucho más que una causa ambiental, es un acto de soberanía. Requiere políticas públicas con visión de largo plazo, una Ley de Agua moderna y participativa, y una institucionalidad fuerte que frene los intereses que priorizan el corto plazo.

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