Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de corrupción administrativa conocido como Caso Pulpo, aseguró que no confía en la justicia dominicana y se declaró “preso político”, tras ser acusado de obtener contratos con el Estado mediante un entramado societario que habría distraído más de RD$5,000 millones de fondos públicos a favor de sus empresas.
“Yo soy un preso político. El miércoles hablaremos con la prensa sobre el entramado político-judicial que se hizo contra mí, que es en contra del Partido de la Liberación Dominicana. No confío en la justicia”, manifestó Medina Sánchez a la salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que la jueza presidenta, Claribel Nivar, aplazara la audiencia para el próximo miércoles 30 de julio a las 9:00 de la mañana.
La defensa del imputado, encabezada por la abogada Wendy Lora, solicitó al tribunal la absolución de su representado, alegando que el Ministerio Público no logró demostrar su responsabilidad penal. También pidió el cese de la medida de coerción y la devolución de los bienes incautados, así como el levantamiento de las restricciones impuestas a las cuentas bancarias personales y de las siguientes empresas vinculadas: Fuel American Inc; Dominicana, SRL; General Supply Corporation, SRL; General Medical Solution; AM, SRL; Contratas Solution Services, SRL; Kyanred Supply, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Wallmax Dominicana, SRL; Globus Electrical, SRL; Dominical Supply, SRL
Estas solicitudes formaron parte de las conclusiones finales de la defensa.
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La magistrada Claribel Nivar pospuso la audiencia por la hora avanzada y notificó a las partes que en la próxima sesión se escuchará al imputado Juan Alexis Medina Sánchez. Posteriormente, el Ministerio Público presentará su réplica frente a los argumentos de la defensa, y luego cada parte ejercerá su contrarréplica. Concluidos los debates, el tribunal se reservará el fallo, que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.
Pedimento del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa 400 salarios mínimos contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien acusa de liderar un entramado corrupto basado en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y uso de testaferros.
También pidió condenar a 15 años de cárcel y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, a José Dolores Santana Carmona, y a Wacal Vernabel Méndez Pineda
Solicitó sentenciar a 10 años de prisión años de cárcel para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; a la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez; a Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
Esa misma condena el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos a Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
Además, solicito una condena de tres años de prisión a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Asimismo, el Ministerio Público pidió que todos los imputados sean inhabilitados para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos durante 10 años, el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente y la degradación cívica, lo que implica la pérdida de sus derechos civiles, políticos y ciudadanos.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena suspendida de 5 años de prisión y el pago de 500 salarios mínimos.
Juan Alexis Medina Sánchez es acusado de lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal de campañas políticas y otros delitos cometidos mediante el uso de prestanombres, documentos falsos, tráfico de influencias y simulación de contratos.
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