En materia de seguridad nacional, las amenazas más graves no siempre llegan con botas ni vestidas con uniformes. En pleno siglo XXI, también pueden irrumpir discretamente, camufladas en un contrato firmado, respaldadas por un despliegue logístico preciso y envueltas en un discurso seductor de “restaurar el orden”. Ese es, precisamente, el escenario que se abre con el anuncio de que Erik Prince, fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater, desplegará en Haití una fuerza armada privada durante los próximos diez años, con la doble misión de combatir pandillas y asumir la recaudación de impuestos, incluso sobre las mercancías que cruzan desde la República Dominicana.
Para algunos, esta noticia podría interpretarse como un paso necesario para estabilizar a nuestro vecino. Sin embargo, quienes analizamos la seguridad con visión estratégica sabemos que este movimiento toca fibras muy sensibles y debe evaluarse con cuidado, pues afecta directamente nuestra soberanía, nuestra seguridad fronteriza y, en última instancia, nuestra estabilidad interna.
La República Dominicana y Haití comparten kilómetros de frontera terrestre, y esa línea no es solo geográfica: es un espacio económico, social y político en el que confluyen comercio, migración y seguridad en un delicado equilibrio que cualquier alteración puede romper.
En este contexto, la fragilidad institucional haitiana convierte a su territorio en un espacio altamente vulnerable. Si a eso sumamos la instalación de un actor armado con amplia capacidad operativa —y peor aún, de carácter PRIVADO —, el riesgo de que se altere el equilibrio es más que evidente.
Una compañía militar privada (CMP) no responde a parlamentos ni a ciudadanos; obedece a intereses corporativos y a su propia lógica estratégica. Esto significa que, si sus objetivos entran en conflicto con los nuestros, no existirán canales diplomáticos efectivos para moderar sus acciones, lo que deja a nuestro país en una posición de mayor vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales.
El riesgo se amplifica cuando se considera que la recaudación de impuestos en frontera no es un simple trámite administrativo, sino una función esencial de la soberanía nacional. Si una CMP en el lado haitiano asume esa función sobre productos procedentes de nuestro país, el comercio transfronterizo quedará condicionado por criterios privados, al margen de cualquier acuerdo bilateral legítimo.
En materia de seguridad, quien controla las aduanas no solo regula el flujo de mercancías, sino que también maneja información crítica: rutas logísticas, volúmenes de intercambio y, en algunos casos, movimientos de personas y bienes estratégicos. Cuando se Ceder ese control, aunque sea en territorio extranjero, impacta directamente nuestra capacidad para anticipar y neutralizar amenazas.
Ante este escenario, es imprescindible que la República Dominicana actúe con visión preventiva y no reactiva. Resulta prioritario que se convoque el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar los alcances de esta situación, diseñar medidas de protección de la soberanía y coordinar acciones diplomáticas y de inteligencia que garanticen que ninguna fuerza extranjera, pública o privada, pueda incidir de manera negativa en nuestros intereses estratégicos.
Algunos defenderán esta medida alegando que cualquier acción que reduzca el poder de las pandillas haitianas favorece a la República Dominicana. No obstante, la experiencia internacional demuestra que las CMP, una vez instaladas en territorios inestables, rara vez se limitan a su mandato inicial. Suelen prolongar su permanencia, ampliar sus funciones y, con frecuencia, priorizar intereses que poco tienen que ver con la paz o la estabilidad regional. En otras palabras, lo que hoy se presenta como una operación para contener la violencia puede transformarse mañana en un instrumento de presión política, económica o incluso militar sobre nuestro país.
Por todo ello, este no es un tema para la la espera, corresponde convocar de inmediato el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar escenarios, definir reglas de actuación en la franja fronteriza, reforzar capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, coordinar una línea diplomática con aliados y organismos multilaterales, y proteger de forma integral nuestro comercio y nuestra soberanía fiscal.
Anticiparse es proteger
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