Eliminar o convertir en secretarías o institutos los ministerios de la Mujer, como anunciaron recientemente Ecuador y Panamá, significa un retroceso de 70 años para las mujeres, señaló a EFE la vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Teresa Incháustegui.

«Pasarlos al traspatio, degradarlos jerárquicamente es una señal de que no es importante. Realmente es un retroceso de 70 años, algo muy fuerte porque desde de los años 70 empezamos con el tema de la igualdad y esto nos mete atrás de eso, mucho antes de que comenzara este ciclo virtuoso que tuvimos a partir de 1975, con el incremento en el reconocimiento de los derechos de las mujeres», explicó en una entrevista con EFE.

Naciones Unidas declaró el 1975 como el Año Internacional de la Mujer y realizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer que reunió a delegadas de todas partes para discutir la situación de las mujeres y promover la igualdad de género.

«Esto (los cierres) nos pone nuevamente a la cola de todos los sectores que no tienen centralidad en la visibilidad política ni en las prioridades de la agenda», añadió la socióloga mexicana.

Panamá planea «reformular» el Ministerio de la Mujer para integrarlo dentro del Ministerio de Desarrollo Social o que vuelva a ser un instituto, mientras que Ecuador lo fusionará con el Ministerio de Gobierno, medidas que han recibido el rechazo de organizaciones feministas en ambos países.

Con respecto a Panamá, el Comité de Expertas ya había expresado en julio su preocupación por este anuncio, señalando que «debilitaría gravemente» la capacidad del Estado para «garantizar a todas las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos».

Y este viernes mostró su rechazo por la decisión del Gobierno ecuatoriano e indicó que había recibido alertas de los grupos de la sociedad civil sobre el impacto que este cierre podría tener «en un contexto de alta prevalencia de la violencia basada en género contra las mujeres y niñas», en un país en el que, según cifras de las organizaciones, se registra un feminicidio cada 21 horas.

Una «corriente antifeminista«

• Incháustegui aseguró que estas medidas son parte de una «corriente antifeminista» que se está viviendo en América desde hace algunos años, tras la llegada al poder de gobiernos de ultraderecha.

«Tenemos que reconocer que hay un intento, que no es para nada tímido, de dar un portazo a los avances de las mujeres e iniciar una vuelta atrás. Y lo estamos viendo materializarse en Estados Unidos, lo vimos en el Brasil de (Jair) Bolsonaro, lo estamos mirando en la Argentina de (Javier) Milei, y también ahora en Ecuador y las intentonas en Panamá y en Perú, etc…», señaló.

En junio, las expertas alertaron de que iniciativas legislativas que estaban en trámite en el Congreso de Perú amenazaban con debilitar las competencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de atención y protección a víctimas y sobrevivientes de violencia de género «poniendo en riesgo su acceso a servicios especializados e integrales».

Desconocer la violencia

Entre los argumentos que han dado los gobiernos para cerrar los ministerios han sido el de reducir costos en el Estado y aumentar la eficiencia, algo que Incháustegui dice que no se basa en la realidad.

«Si nosotros vemos en promedio cuánto es en plata lo que recibe cada mujer atendida, es un dólar o dos dólares diarios. O sea, no es nada, es simbólico desde el punto de vista presupuestario el compromiso que tienen los Estados con los derechos humanos de las mujeres», añadió.

Sin embargo, mencionó que pese a la precariedad de estas instituciones, sí han tenido un peso importante para las mujeres y que lo que deberían hacer los Estados es fortalecerlas para que haya una implementación efectiva de las políticas públicas de prevención y protección de las víctimas de violencia machista.

Así, Incháustegui cree que, más bien, estas medidas son una señal de que los gobiernos están desconociendo «las brutales agresiones que viven diariamente las mujeres». «Están volteando para el otro lado», añadió.

Estos cierres, agregó, representan incumplimientos de los países a compromisos internacionales adquiridos con la Convención de Belém do Pará o con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

«Apelamos a la buena fe y a la decencia política de los gobiernos que signaron estas convenciones. Esperamos que estas decisiones no se efectúen o se reviertan», concluyó.