El pasado presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, Fritz Alphonse Jean, aseguró no tener conocimiento de la iniciativa con la que Vectus Global, empresa de Erik Prince que brinda seguridad a ese país, implementaría un sistema para gravar las mercancías que ingresan por la frontera desde la República Dominicana.

Alphonse Jean ofreció esta declaración pese a que según declaró Erik Prince a Reuters su empresa Vectus Global inició operaciones de seguridad en Haití en marzo, el mismo mes en que el mencionado funcionario fue juramentado como presidente del CPT (cargo que tuvo durante cinco meses, hasta el 7 de agosto).

Se recuerda que el modelo de gobierno haitiano para la transición se trata de un sistema de dos cabezas, por un lado, el CPT, conformado por nueve miembros con presidencias rotatorias cada cinco meses; y por el otro lado, el primer ministro, el cual fue designado por el propio CPT.

En la entrevista con Reuter, Prince dijo que Vectus Global inició operaciones en Haití en marzo, desplegando principalmente drones en coordinación con una fuerza de tarea liderada por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

La respuesta

En una carta como respuesta a diversas solicitudes de periodistas nacionales y extranjeros, ya que el nuevo presidente del CPT, Laurent Saint Cyr, apenas fue juramentado hace 10 días, el expresidente del CPT, Alphonse Jean, resaltó:

“De entrada, es importante recalcar que nadie en mi oficina tiene conocimiento de esta iniciativa. Los persistentes rumores sobre este asunto deberían preocupar a todos los miembros del CPT, ya que suscitan serias preocupaciones”.

Según la información de Reuters publicada el pasado 14 de agosto , Erik Prince, fundador de la firma de seguridad privada Blackwater y aliado político de Donald Trump, confirmó que Vectus Global firmó un acuerdo de 10 años con el gobierno de Haití para combatir las pandillas y, posteriormente, asumir funciones en la recaudación de impuestos.

Se deben cumplir mecanismos

En su carta, Alphonse Jean manifestó que la perspectiva de un contrato a largo plazo (10 años) por parte de las autoridades de transición constituye en sí misma una especie de desafío a las instituciones estatales.

“¿Acaso el Gobierno, con sus manos ocupadas, está aprobando decisiones que vincularán a las futuras autoridades electas, sin consultar a los órganos constituidos del Estado?”, dijo en referencia a que un contrato de este tipo estaría comprometiendo al nuevo presidente que los haitianos deberían elegir mediante elecciones democráticas antes del 7 de febrero de 2026.

Indicó que, si bien es cierto que existen problemas cruciales en la frontera que deben abordarse, incluso en materia de seguridad, no se puede desviar la adopción de un enfoque racional.

Recordó que el Estado haitiano cuenta con un marco regulatorio, incluso para gestionar cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

Manifestó que primero la solicitud debe presentarse al CPT para su revisión, que posteriormente debe dar su aprobación.

“Un asunto tan delicado debe ser objeto de consultas entre el Gobierno y el CPT. Se deberá formar un comité de negociación para finalizar un posible contrato con la empresa seleccionada”, destacó.

Resaltó que una decisión que autorice a firmar un contrato con una empresa seleccionada deberá ser adoptada por el Consejo de Ministros y una licitación.

“El país se encuentra en una encrucijada llena de dificultades, pero también de oportunidades. Nos corresponde tomar las riendas y eliminar las malas prácticas que nos han llevado a este nivel de deterioro institucional”, destacó.