El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha decidido ampliar la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imputándole un quinto delito: malversación de caudales públicos.
La resolución, fechada el 18 de agosto de 2025, cita a Gómez a declarar como investigada el próximo 11 de septiembre. Un día antes, el 10 de septiembre, comparecerá también su asistente, Cristina Álvarez, igualmente señalada por el juez.
Una investigación que se amplía
Hasta ahora, Gómez estaba siendo investigada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Con esta decisión, la esposa de Pedro Sánchez tiene un nuevo frente judicial.
La imputación responde a indicios de que tanto ella como su asesora podrían haber utilizado recursos y personal público en beneficio de actividades privadas vinculadas a Gómez.
La querella inicial fue presentada por Vox y respaldada por asociaciones como Manos Limpias y HazteOir.org. Aunque el juzgado solo admitió a trámite la línea relativa a malversación, hasta el momento no se había formalizado la imputación.
Ahora, tras los informes de la Audiencia Provincial de Madrid, Peinado considera que existen “datos indiciarios suficientes” para continuar con las diligencias.
El papel de Cristina Álvarez
El caso se centra en la contratación y funciones de Cristina Álvarez, persona de máxima confianza de Gómez en Moncloa. La investigación apunta a que Álvarez pudo haber sobrepasado sus competencias oficiales, llegando a solicitar patrocinios para proyectos académicos dirigidos por Gómez o actuando como enlace con empresas privadas.
Uno de los ejemplos señalados es un correo a REALE Seguros solicitando la continuidad como patrocinador de un máster vinculado a Gómez, lo que a juicio del magistrado excedería claramente su función institucional.
Además, la Audiencia Provincial había advertido previamente que la amistad personal entre Gómez y Álvarez podría ser la verdadera razón de su nombramiento, lo cual reforzaría la sospecha de una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados.
Un caso con implicaciones políticas
El juez Peinado sostiene que las actuaciones investigadas podrían formar parte de una “estructura institucionalizada de poder” en la que la figura de la Presidencia del Gobierno servía para reforzar la influencia de Gómez en el ámbito académico y empresarial.
A pesar de que el Tribunal Supremo descartó investigar al ministro Félix Bolaños por los mismos hechos, Peinado decidió reactivar la causa de manera separada, manteniendo el foco en Gómez y su asesora.
El auto, contra el que cabe recurso, marca así un nuevo capítulo en el complejo panorama judicial que rodea a la esposa del presidente.
Sus declaraciones, junto a la de Álvarez, previstas para los días 10 y 11 de septiembre, serán determinantes para definir el rumbo de una causa que combina elementos políticos, académicos y judiciales de gran sensibilidad.
