SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservaron sin fecha la decisión de acoger o no la solicitud de extradición presentada por las autoridades del Reino de España contra el dominicano Thelmo Isaa Ortega Luna, acusado de ser cabecilla de una red internacional de narcotráfico.

Según las investigaciones, Ortega Luna que es señalado como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en Valladolid, España, donde junto a varios lugartenientes distribuía sustancias ilícitas a vendedores locales. La organización, activa desde el año 2015, fue desarticulada por las autoridades españolas.

La solicitud de extradición fue presentada en audiencia por el titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, Osvaldo Bonilla, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez, en representación del Ministerio Público dominicano. Por su parte, la jurista Analdis Alcántara representó al Estado requirente, en este caso, el Reino de España.

El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez, ordenó que Ortega Luna deberá ser trasladado a la cárcel pública de Nagua, acogiendo un pedimento de su abogado defensor, quien solicitó el cambio desde el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. La defensa alegó razones humanitarias, ya que los hijos del imputado residen en esa jurisdicción.

En tanto, el jurista Valentin Medrano, abogado de Ortega Luna, pidio a los magistrados declarar la prescripción de la acción penal por haber transcurrido el plazo que establece la ley para conocer un proceso. Por lo que, los jueces se reservaron la decision para fallarlo con el dondo de la solicitud de extradición.

De acuerdo con la acusación contenida en la solicitud de extradición, Ortega Luna actuaba como proveedor de cocaína y otras drogas en España, liderando una red criminal que ya cuenta con varios de sus integrantes condenados en territorio español.

Tras huir de España, el dominicano fue arrestado en la República Dominicana en virtud de una orden de detención internacional europea emitida el 18 de enero de 2016 por el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid. Desde entonces, las autoridades españolas mantienen activa la orden de captura, lo que motivó la formalización de la extradición.

Las autoridades de España lo acusan de violar la ley de salud pública y de dirigir una organización criminal que afectó gravemente a la sociedad de esa nación.

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