Santo Domingo.– La Unión de Farmacias, Inc., que agrupa a más de 1,650 farmacias en todo el país, denunció ayer una serie de irregularidades en los procesos de contratación y distribución de medicamentos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalando que las prácticas aplicadas por la ARS estatal afectan directamente la transparencia del sistema y el acceso de los pacientes más vulnerables a los medicamentos.
En una declaración pública dirigida a la opinión nacional, la organización alertó sobre la exclusión sistemática de farmacias legalmente establecidas en favor de empresas particulares que operan como intermediarias, en violación a la Ley 87-01 de Seguridad Social y disposiciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
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«Se ha privilegiado a intermediarios privados con beneficios indebidos»
Según el documento, Senasa ha direccionado la entrega de medicamentos de sus programas de Promoción y Prevención (PyP) hacia entidades privadas con vínculos en toda la cadena, desde la fabricación hasta la dispensación, excluyendo a cientos de farmacias habilitadas en el país.
Además, denunciaron que estas empresas intermediarias han llegado a cobrar porcentajes a los prestadores de servicios de salud, pero sobre todo a las farmacias por concepto de «intermediación», lo que, afirman, ha encarecido el proceso, afectando la calidad del servicio y a los pacientes de menores recursos.
Farmacias aseguran no estar vinculadas a casos de corrupción
En medio de las investigaciones sobre supuesta corrupción en Senasa, impulsadas por la periodista Nuria Piera y ya en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Unión de Farmacias aclaró que ninguno de sus asociados ha participado en irregularidades.
La entidad aseguró que sus miembros se rigen por un código de ética que promueve la transparencia y el cumplimiento de las normativas sanitarias, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
“Ya iniciamos un proceso de recolección de datos sobre los despachos realizados por cada farmacia afiliada a Senasa, y estamos listos para entregar cualquier información que contribuya con las investigaciones en curso”, indicaron.
Preocupación por la salud pública y la estabilidad del sistema
La Unión expresó su inquietud por el impacto que estas prácticas puedan tener en la estabilidad financiera de las farmacias pequeñas y medianas, así como en la calidad de atención a los afiliados del sistema público de salud.
Advirtieron que delegar funciones de dispensación en entidades sin experiencia en el área farmacéutica “es una práctica peligrosa que pone en riesgo la salud de la población más necesitada”.
Pese a los retrasos en pagos por parte de Senasa, la organización afirmó que sus farmacias afiliadas siguen brindando servicios a los usuarios del sistema, convencidas de que el acceso a la salud no puede sacrificarse en medio de esta coyuntura.
Llamado a las autoridades
La Unión de Farmacias instó al Gobierno y a las autoridades reguladoras a revisar los contratos vigentes, eliminar los intermediarios y permitir la participación libre de todas las farmacias habilitadas, como establece la ley.
Confiaron en que las investigaciones permitirán corregir las irregularidades denunciadas y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y eficiente.
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