La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó en su informe anual ciertas iniciativas legislativas en República Dominicana que podrían afectar la libertad de prensa.
La SIP, que concluye este domingo su 81 Asamblea General en Punta Cana, este de República Dominicana, se refirió el Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido con previo consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), entre otras organizaciones, que despertó un debate de carácter nacional.
El Poder Ejecutivo presentó al Senado ese proyecto que incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como un ente regulador supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de noticias, con el foco en proteger la privacidad y dignidad de las personas.
Sin embargo, la iniciativa, trabajada por dos años por una comisión designada por el presidente, Luis Abinader, ha generado fuertes críticas de sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes, que advierten que el Inacom, diseñado como ente independiente, «tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura gubernamental», señaló la SIP.
Por su parte, el Gobierno, los principales medios, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y reconocidos periodistas apoyan la iniciativa, argumentando que protege la libertad de expresión sin censura previa y consagra respeto a la crítica pública.
Hermetismo
En su informe, la organización también denunció que los periodistas han reportado un hermetismo creciente del Gobierno.
Por ejemplo, el acceso al Palacio Nacional, que antes se obtenía con una identificación de prensa verificada, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Los reporteros denuncian que se les impide entrevistar libremente a funcionarios y que el equipo de seguridad se ha vuelto más agresivo durante las conferencias.
- El Gobierno, por su lado, ha reafirmado su compromiso con la libertad de prensa en foros internacionales y locales cada vez que se suscitan denuncias de maltratos verbales o físicos contra periodistas, sostuvo la SIP.
Por otro lado, la organización se refirió a un caso del Listín Diario, decano de los periódicos locales, que en mayo denunció un acto de censura extranjera, después de que la empresa estadounidense Network Solutions le emitió un ultimátum de 48 horas para eliminar una noticia sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.
El medio rechazó la amenaza, canceló su contrato con la empresa y lo denunció como una violación flagrante a la libertad de expresión, destacando la necesidad de que existan marcos legales que protejan contra la censura indirecta.
Durante este periodo, el senador oficialista Rafael Duluc presentó una iniciativa adicional que penaliza toda expresión que incite al odio, la hostilidad o la discriminación.
«Si bien la intención declarada es loable, la ambigüedad en su redacción genera temor de que pudiera ser utilizada de manera arbitraria para silenciar la crítica y la labor del periodismo de investigación«, señaló la SIP en su informe.
El documento también recoge la decisión del Ministerio de Cultura de emitir una resolución con pautas de comportamiento para los medios, mientras que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos suspendió por 30 días el programa radial Sin Filtro y al músico Sujeto Oro 24 por usar «lenguaje vulgar y expresiones maliciosas”.
Además, afirmó la SIP se sucedieron varios incidentes de agresiones y limitaciones al trabajo de la prensa, perpetrados por guardaespaldas de funcionarios públicos.
Un caso notable, destacó la SIP, involucró a los escoltas de la vicepresidenta, Raquel Peña, quien luego se disculpó públicamente por el incidente. Otro caso similar involucró a la seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.