El bono Tarjeta joven, con un monto de 2,500 pesos mensuales en favor de 10,000 estudiantes, es el último incentivo que se agregó al repertorio de asistencias sociales lanzadas por la administración del presidente Luis Abinader.
Pese al discurso de crecimiento económico, solo en el 2024, la Dirección de Desarrollo Social Supérate gastó para programas sociales más de 50,000 millones de pesos. Solo para Aliméntate, con 29,679.4 millones, y Bonogas, con 7,434 millones, se destinaron más de 37,113 millones de pesos en ese año.
Ese total es el doble de los aproximadamente 18,200 millones de pesos que el Gobierno dejaría de recaudar en el año si cumpliera con la Ley 11-92 del Código Tributario, que establece la indexación salarial anual para ajustar el monto de los sueldos exentos del impuesto sobre la renta (ISR) y el porcentaje de los que tienen que pagarlo, calculo estimado por el economista Richard Medina.
Otro economista, Nelson Suárez, computó que, en los primeros ocho meses del 2022, el Gobierno había recaudado 10,424.2 millones de pesos por la no indexación acumulada de la escala exenta del ISR. Sin embargo, reconoció que la cifra es tímida y el monto es subvaluado, porque basó su informe en la escala salarial de 2.1 millones de trabajadores registrados de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en marzo de ese año.
Si el Gobierno cumpliera con la ley, solo los empleados que ganan sobre los 50,000 pesos mensuales estarían sujetos a la retención del ISR. El párrafo I del artículo 296 del Código Tributario señala que las escalas establecidas deben ajustarse anualmente acorde con la inflación acumulada del año anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central.
Sin embargo, el Gobierno ha ignorado este punto desde el año 2017, con un artículo contenido en la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año, para no afectar los ingresos fiscales.
Para cumplir con el presupuesto nacional, que incluye los subsidios, el Gobierno, además de las recaudaciones, debe acudir a préstamos. Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha recomendado que debe bajar los subsidios y aplicar otras medidas para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
Entrada vs. salida
La lista de los programas de asistencia social es amplia y variada. Además de Aliméntate y Bonogas, están: Bono Luz, Supérate Mujer y Fondo de discapacidad.
Los hay por temporada: La Brisita, en Navidad; Bono Madre, por el Día de las Madres; y Bono a mil, por el inicio del año escolar. También por área geográfica, como el fondo de Agricultura Familiar Valle Nuevo. También existen ocasionales, como el fondo para las familias de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set.
Unas 1.5 millones de familias reciben algún tipo de ayuda del Gobierno, no obstante, el número que deja de recibirla es desproporcional a la cantidad de beneficiarios. Desde el 2022, al menos 380,000 personas han podido salir de esta dependencia económica, según datos informados por Gloria Reyes, directora de Supérate.
A nivel global, el número de los dependientes del Gobierno rondaba los 5.3 millones de personas al segundo trimestre del 2025, según un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees). Esto equivale al 50 % de la población, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022, que cifra los habitantes en 10.7 millones.
Para el próximo año, el gobierno ha consignado en el proyecto de ley de presupuesto, 738,460.6 millones de pesos para servicios sociales, que representan el 45.5 % del gasto total y una variación positiva del 10.9 % (72,602.1 millones de pesos) con relación al 2025. Este monto representa, a su vez, un 8.5 % del PIB. Dentro de este segmento también se planifican fondos para las funciones de educación, protección social, salud, vivienda y servicios comunitarios, entre otros.
Celos de la oposición y defensa del Gobierno
Las ayudas van a la par con el discurso del crecimiento económico que presume el Gobierno. Sin embargo, los críticos las ven como uno de los síntomas de la pobreza que afecta a algunos sectores sociales.
Al tiempo que los partidos opositores se quejan de que las asistencias son usadas con fines proselitistas, principalmente, en tiempos de elecciones -cuando surgen las denuncias por violación a la Ley del Régimen Electoral-, el Gobierno las defiende señalando que son el principal antídoto contra la pobreza monetaria, que estuvo situada en 18.05 % al primer trimestre del 2025.
El economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo de Crees, entiende que lo ideal sería que el hogar reciba la ayuda de una forma natural, no a través de dependencias de impuestos extraídos a la sociedad.
“¿Cuál es la mejor política que puede haber en cualquier país del mundo?”, se pregunta. A seguidas, señala que se deben crear aquellas condiciones para que los hogares participen en las actividades productivas que agreguen mayor valor y, en consecuencia, reciban mayores ingresos.
El economista señala que, cuando se adapta la tecnología e innovación con la economía para generar riquezas y recuerda esa fue una de las recomendaciones del Departamento de Estado al Gobierno dominicano.