A finales de agosto de 2024, el tránsito en el Gran Santo Domingo se volvió un caos. Decenas de intersecciones quedaron sin control, los semáforos dejaron de funcionar y el tráfico colapsó en las principales avenidas.

Lo que pareció al principio una avería técnica, fue —según la acusación del Ministerio Público— un sabotaje deliberado.

El expediente de la Operación Camaleón, con más de 300 páginas, sostiene que el ataque fue ejecutado desde los propios sistemas que debía operar el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que la empresa contratista Transcore Latam S.R.L., bajo control de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), poseía el acceso remoto de la red semafórica y utilizó ese poder para provocar el fallo masivo.

El incidente habría ocurrido justo cuando el Intrant revisaba los contratos adjudicados a Transcore Latam, dentro de una investigación por irregularidades en el sistema de control de tráfico del Gran Santo Domingo.

La PEPCA lo describe como un acto de presión contra el Estado: una demostración de fuerza de quienes sabían manejar, literalmente, las luces de la ciudad.

El documento identifica a Gómez Canaán y a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, como responsables del sabotaje tecnológico. Ambos son señalados de operar una red que combinaba corrupción, manipulación informática y lavado de activos, con el apoyo de funcionarios de alto rango, entre ellos el exdirector del  Intrant, Hugo Beras.

Sistema de videovigilancia

El contrato del Intrant con Transcore Latam que dio origen al caso —por RD$1,317 millones— buscaba modernizar y ampliar el sistema de semáforos de la capital.

Pero según la acusación, el pliego de condiciones fue redactado dentro de la misma empresa ganadora, garantizando que solo Transcore cumpliera los requisitos técnicos. Una vez adjudicado, la compañía interconectó los equipos del  Intrant con servidores de Aurix S.A.S., otra empresa bajo el control de Gómez Canaán.

Desde esa conexión, afirma la Pepca, se gestionaba no solo la red semafórica, sino también sistemas de videovigilancia del Estado, comprometiendo información sensible.

Cuando el contrato fue suspendido y comenzaron las auditorías, la respuesta habría sido inmediata: el sistema se paralizó.

El Ministerio Público califica el hecho como un “acto de terrorismo contra infraestructuras críticas”, por afectar directamente la seguridad vial y el orden público.

No hubo víctimas, pero sí un mensaje: los acusados podían encender o apagar la ciudad desde una terminal privada.

El sabotaje, según la acusación, no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de contratos amañados, adendas irregulares y desvío de fondos públicos.

En el centro de todo, una red que —bajo apariencia de modernización tecnológica— habría usado la digitalización del tránsito para enriquecerse y ganar control sobre infraestructuras estratégicas del Estado.

La investigación, conocida como Operación Camaleón, llevó a la imputación de 17 personas físicas y jurídicas, entre ellas exfuncionarios, empresarios y compañías fachada.

El Ministerio Público ha solicitado apertura a juicio, en lo que describe como uno de los casos más complejos de corrupción y sabotaje tecnológico registrados en la República Dominicana.