Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO.- Los implicados en el entramado de corrupción del caso Camaleón realizaron acciones coordinadas para sabotear el sistema semafórico del Gran Santo Domingo, con el objetivo de presionar y desestabilizar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tras la suspensión de un contrato con sus empresas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, durante el año 2024 los imputados José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, utilizando la tecnología de la empresa Transcore Latam, S.R.L., manipularon el sistema semafórico para presionar al Intrant y a la Contraloría General de la República, entidad que había suspendido el contrato en cuestión.
El expediente indica que el 8 de noviembre de 2023, luego de una audiencia de hábeas corpus preventivo interpuesta por Padovani Báez, los imputados declararon a la prensa que “tenían el control (literalmente) de la red semafórica” y que al día siguiente “procederían a apagar los semáforos”. En tono desafiante añadieron: “Ojalá que Carlos Pimentel pueda dirigir el tránsito”, asegurando que lo harían “por mandato de la compañía contratista”.
Estas declaraciones públicas representaron una amenaza directa a la seguridad nacional y anticiparon la estrategia de sabotaje que meses más tarde se materializaría como represalia frente a los procesos judiciales en curso.
Entre marzo y agosto de 2024, Transcore Latam, S.R.L., bajo las órdenes de los imputados Jochi Gómez, Padovani Báez y Peguero Vargas, realizó instalaciones nocturnas no autorizadas de nuevos reguladores semafóricos. Sustituyeron equipos del sistema anterior por tecnología distinta a la aprobada, sin conocimiento ni autorización del Intrant.
El número de reguladores instalados aumentó de 80 a 124, alterando la capacidad de supervisión y respuesta del personal estatal. Además, se modificaron los llavines y cajas de control, impidiendo que el personal del Intrant accediera a los nodos principales. Esto provocó un secuestro operativo de la red semafórica del Gran Santo Domingo, la cual pasó a depender exclusivamente del centro de control de Transcore Latam, bajo el dominio directo de los imputados.
Las nuevas tecnologías instaladas irregularmente impidieron que los técnicos del Intrant pudieran reprogramar o monitorear los tiempos de los semáforos, afectando la seguridad vial y la gestión del tránsito.
A inicios de agosto de 2024 comenzaron a reportarse fallas intermitentes y apagones en intersecciones críticas, especialmente en las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill, donde los semáforos permanecieron apagados por horas, generando caos vehicular y afectando el orden público.
El 21 de agosto de 2024, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) notificó al Intrant sobre semáforos frizados y pérdida de programación en la intersección de la avenida 27 de Febrero con Gómez, donde se comprobó que el regulador había sido cambiado sin autorización estatal.
A raíz de este hallazgo, el Intrant dispuso inspecciones técnicas en todo el polígono central, descubriendo múltiples equipos instalados por Transcore Latam sin conocimiento oficial.
El 26 de agosto de 2024, la Contraloría General de la República, a través de su Unidad Antifraude, presentó un Informe de Auditoría del proceso de licitación pública nacional del Intrant. En este informe se documentaron graves irregularidades y se responsabilizó directamente a Jochi Gómez, Hugo Beras y otros funcionarios.
Ese mismo día se registró un aumento abrupto de averías en los semáforos del Distrito Nacional, afectando avenidas como Tiradentes, Máximo Gómez, Ortega y Gasset y México.
El 27 de agosto de 2024, técnicos del Intrant verificaron nuevas instalaciones de reguladores realizadas durante la noche. Esa misma jornada, el Intrant notificó a Jochi Gómez que no estaba autorizado a continuar con los trabajos e instruyó detener toda intervención.
Esta comunicación provocó una reacción airada de Gómez, quien llamó al director del Intrant, Milton Morrison, en tono amenazante, advirtiendo que retiraría el soporte técnico de los equipos de su empresa.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó apoderar a un Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que conozca la audiencia preliminar y los envíe a juicio a los imputados del caso Camaleón, por considerar que existen pruebas suficientes que demuestran su responsabilidad en los hechos descritos en la acusación.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
La publicación Implicados caso Camaleón sabotearon sistema semafórico del Gran Santo Domingo para presionar al Intrant y a la Contraloría apareció primero en El Día.