La acusación formal presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra 17 imputados en la llamada Operación Camaleón describe un entramado de corrupción de múltiples capas que, según el Ministerio Público, combinó fraude en contrataciones públicas, lavado de activos, sabotaje tecnológico, terrorismo y espionaje interno, con un perjuicio superior a 1,600 millones de pesos para el Estado dominicano.
El documento, de más de 300 páginas, detalla cómo una organización integrada por funcionarios y particulares habría tomado el control de sistemas estratégicos del Estado, desde la red semafórica del Gran Santo Domingo hasta las plataformas de videovigilancia del Ministerio de Defensa.
Un esquema de poder y control
En el centro del expediente figura José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el beneficiario final de los contratos fraudulentos y creador de una red de empresas de fachada —Dekolor, Transcore Latam, PagoRD Xchange, Aurix, OML Inversiones, Inprosol y Soltex Dominicana— utilizadas para canalizar fondos públicos y ocultar su origen ilícito.
A su lado, según la acusación, actuó Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien habría autorizado la adjudicación y manipulación de contratos millonarios durante su gestión, junto a otros funcionarios de alto nivel del organismo.
El Ministerio Público sostiene que esta alianza de funcionarios y empresarios operó como una estructura criminal organizada, con división de tareas, permanencia en el tiempo y acceso a información sensible del Estado.
Contratos hechos a la medida
Uno de los pilares del caso es la licitación pública INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, destinada a modernizar y gestionar el sistema integral de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según la Pepca, el pliego de condiciones fue redactado dentro de la empresa ganadora, Transcore Latam S.R.L., garantizando que el resultado estuviera decidido antes de publicarse el concurso.
Esa empresa, vinculada directamente a Gómez Canaán, habría simulado competencia mediante la creación de consorcios y oferentes ficticios. Las pruebas documentales incluyen correos electrónicos en los que el imputado registró el dominio transcore.com.do y creó direcciones falsas, como joerg@transcore.com.do, para suplantar la identidad de una compañía extranjera.
Las adendas de la estafa
Otro eje del expediente es el contrato suscrito entre el INTRANT y Dekolor S.R.L., originalmente para la emisión de licencias de conducir. A través de tres adendas irregulares —firmadas entre 2020 y 2024 bajo distintas administraciones—, el monto del contrato fue incrementado y modificado sin sustento técnico, incorporando servicios médicos no habilitados y precios inflados.
Las maniobras incluyeron un supuesto reajuste por inflación de 17.83 %, calculado en violación a las normas del Banco Central, y la creación de deudas inexistentes por más de 936 millones de pesos. La empresa, que carecía de experiencia en el sector, se transformó en monopolio de servicios y recaudación de licencias, bajo control de Gómez Canaán.
El circuito del dinero
De acuerdo con la acusación, el flujo financiero de la red se dividía en dos vertientes.
Por un lado, Dekolor obtenía pagos inflados del Estado mediante contratos y adendas fraudulentas; por otro, PagoRD Xchange S.R.L., empresa también controlada por Gómez Canaán, retenía las recaudaciones ciudadanas por licencias de conducir que debía transferir al Estado.
El Ministerio Público calculó un faltante de RD$730 millones, producto de ingresos no depositados, que fueron desviados a cuentas personales y empresas vinculadas. En conjunto, el daño patrimonial superaría los RD$1,666 millones.
Los fondos desviados fueron presuntamente lavados a través de la compra de inmuebles en Piantini, Cap Cana y Jarabacoa, vehículos blindados y transferencias internacionales. La empresa OML Inversiones S.R.L. habría servido como vehículo de blanqueo y ocultamiento patrimonial.
El contrato invisible con el Ministerio de Defensa que derivó en espionaje privado
Sabotaje y espionaje
El expediente introduce un componente inusual en casos de corrupción administrativa: la acusación de terrorismo y sabotaje tecnológico.
Según el Ministerio Público, la organización ejecutó ataques deliberados al sistema semafórico del Gran Santo Domingo en agosto de 2024, después de que se iniciaran investigaciones internas, como forma de presión y advertencia.
Además, mediante un acuerdo irregular con el Ministerio de Defensa, la empresa Aurix S.A.S. habría tenido acceso no autorizado a plataformas de videovigilancia y control estatal, utilizadas —según la acusación— para espionaje y encubrimiento patrimonial.
Los fiscales sostienen que esa infiltración comprometió directamente la seguridad nacional y violó los principios de confidencialidad y legalidad administrativa.
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El papel de los funcionarios
Además de Beras y Gómez Canaán, figuran entre los imputados varios exdirectivos y técnicos del INTRANT: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Pedro Vinicio Padovani Báez, señalados por manipular licitaciones, falsificar certificaciones y facilitar pagos irregulares.
Otros acusados —Carlos Peguero, Mariano Gustini, Manuel Mora, Henry Feliz— habrían actuado como testaferros o intermediarios financieros en la red de lavado de activos.
Un caso sin precedentes
La Operación Camaleón combina en un mismo expediente elementos típicos de la corrupción administrativa con delitos propios del crimen organizado y de alta tecnología.
El Ministerio Público afirma que la red, al tomar control de los sistemas semafóricos y de videovigilancia, no solo causó un daño económico, sino que puso en riesgo la seguridad nacional y la confianza pública en las instituciones.
El documento cita una frase del exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon:
“La corrupción es el enemigo invisible que debilita las instituciones, erosiona la confianza y perpetúa la desigualdad”.
El proceso judicial apenas comienza, pero la acusación ya dibuja un panorama donde la corrupción no solo robó dinero público, sino que penetró la tecnología del Estado para servirse de ella, bajo la sombra de una red que, según la Pepca, actuó como un auténtico camaleón en los sistemas de poder.