En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados envió a la Comisión Permanente de Justicia el proyecto para reformar el Código Procesal Penal, una iniciativa que será estudiada a toda prisa porque debe ser aprobada antes del 11 de diciembre por mandato del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dispuso, en medio de la sesión, que la reforma al Código Procesal Penal vaya a la Comisión de Justicia, que preside el legislador Wandy Batista. De acuerdo con los reglamentos, una comitiva tiene 30 días para analizar y rendir informes sobre los proyectos legislativos.
En caso de que los diputados decidan hacer algún cambio al proyecto, la pieza volvería al Senado para aprobarse nuevamente, lo que aprieta más el tiempo con el que cuentan los congresistas.
Tras meses de estudios, el nuevo Código Procesal Penal fue aprobado en segunda lectura en el Senado con varios cambios reclamados por abogados constitucionalistas y gremios jurídicos, que consideraban que la pieza necesitaba algunos cambios.
Los cambios
El primer aspecto modificado fue el artículo 25 del proyecto conocido en primera lectura, que había sido duramente criticado por abogados constitucionalistas y grupos sociales cuando se aprobó en primera lectura. En su aprobación en segunda vista, el Senado eliminó la parte final del texto del artículo que establecía que la analogía o interpretación extensiva también podría aplicarse para favorecer «a las otras partes involucradas en el proceso».
Originalmente, el Código Procesal Penal vigente dispone que la analogía utilizada por los jueces solo puede aplicarse a favor del imputado.
Otro cambio introducido en la segunda discusión fue la eliminación del numeral siete del artículo 233 de la iniciativa, que establecía que, para determinar si realmente existía peligro de fuga, el juez debía tomar en cuenta «la existencia de condenas anteriores graves».
Otras modificaciones al proyecto eliminan atribuciones a la Suprema Corte de Justicia que habían sido incluidas en la versión aprobada en primera lectura. Por ejemplo, la Suprema Corte ya no se encargaría de aprobar guías exhortativas de las sentencias ni de reglamentar la forma en que se tramitarán los procesos judiciales.
La modificación más amplia se realizó casi al final del articulado del proyecto. El Senado decidió eliminar cuatro artículos de la pieza aprobada en primera lectura que versaban sobre los intereses de casación.
La prisa
La primera reforma al Código Procesal Penal, originada en el 2015, fue anulada en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional que, mediante sentencia, anuló esa reforma alegando que el Senado aprobó el proyecto «de manera unilateral» porque no consultó a la Cámara de Diputados para el proceso.
En su sentencia, el órgano constitucional dio al Congreso un plazo de un año para aprobar de nuevo el Código Procesal Penal. El plazo vence el 11 de diciembre de este 2025.