El Centro Penitenciario Las Parras fue levantado en más de un 90 % cuando se produjo el cambio de Gobierno en agosto de 2020. La magnitud del avance hacía pensar que la obra se encontraba lista para su puesta en servicio. Sin embargo, una fuente con alto conocimiento técnico del proyecto estableció que el recinto no estaba concluido, que no existían actas de recepción y que las edificaciones no eran aptas para alojar internos ni para operar con personal penitenciario.
La ausencia de documentación de entrega y la falta de condiciones básicas de funcionamiento marcaron el punto de partida de una cadena de retrasos, deterioro y abandono que se extendió durante cuatro años.
El penal quedó en un estado en el que no era posible habitarlo. No existían instalaciones educativas suficientes, los talleres estaban lejos de la escala que requería la capacidad prevista, los sistemas de vigilancia presentaban fallos de diseño y varias estructuras resultaban incompatibles con los estándares de un centro de mediana seguridad.
En agosto de 2020 no había información institucional que permitiera determinar los avances, ni registro de qué habían entregado las compañías constructoras ni evidencia de que alguna entidad del Estado hubiese recibido formalmente la obra.
¿Qué problemas presentaba la infraestructura del penal?
La fuente técnica consultada explica que esta situación dejó al proyecto sin responsable claro y sin la supervisión mínima necesaria. A partir de ese momento se produjo un periodo de abandono, en el que el complejo quedó vulnerable al deterioro y a la pérdida de bienes públicos.
La infraestructura construida comenzó a mostrar los efectos del paso del tiempo, sin mantenimiento ni vigilancia constante. Equipos adquiridos en años anteriores desaparecieron y zonas del terreno fueron ocupadas nuevamente por invasores, a pesar de haber sido desalojadas en etapas previas de la obra.
Las fallas estructurales del proyecto no surgieron durante el abandono. La planificación original contenía errores de diseño que comprometían la operatividad del recinto. El penal se concibió para albergar más de 8,500 internos, una dimensión que en sí misma hacía difícil cualquier esfuerzo de rehabilitación individualizada.
La configuración interna, dividida en cuatro cuadrantes separados apenas por malla ciclónica, no respondía a las exigencias de un centro de mediana seguridad. Esa disposición obliga a desplazamientos largos y dificulta controlar grupos numerosos en espacios abiertos.
La ubicación también creó dificultades. Las Parras fue construido en una zona despoblada entre Santo Domingo y Monte Plata, alejada de los tribunales y de las comunidades de origen de la población penitenciaria. Parte de la estructura fue levantada sobre una cañada que se desborda cuando suben las aguas del lago Los Reyes.
El acondicionamiento del terreno requirió un movimiento de tierra que superó los 1,097 millones de pesos. La carretera de acceso desde la vía pública tiene 1.4 kilómetros de longitud, lo que complica las operaciones de emergencia, las visitas y el transporte de personal.
¿Qué medidas se propusieron para corregir y finalizar la obra?
La calidad de algunos materiales y equipos instalados tampoco era la apropiada. En diversas edificaciones se encontraron ventiladores que no cumplían con las especificaciones necesarias. Se habían adquirido equipos de acero inoxidable que, a pesar de la supuesta garantía de décadas, ya mostraban signos de deterioro y corrosión.
Además, se identificaron decenas de edificaciones sin utilidad en la operación real del penal, al igual que kilómetros de vías internas y mallas ciclónicas instaladas sin responder a una función operativa clara.
A partir de agosto de 2020 se inició un proceso de revisión técnica para corregir una parte de estas fallas. La fuente consultada participó en ese levantamiento. La propuesta principal consistió en subdividir el recinto en ocho centros penitenciarios independientes. La estructura inicial concentraba a toda la población en cuatro cuadrantes masivos.
La reorganización planteaba dividir cada cuadrante en dos centros autónomos, cada uno con escuela, comedor, taller, biblioteca y economato propios. Esa configuración permitiría gestionar poblaciones más pequeñas, reducir desplazamientos y mejorar la seguridad.
¿Qué medidas se propusieron para corregir y finalizar la obra?
La propuesta también incluía la creación de accesos adicionales. La estructura original tenía un solo punto de entrada para un complejo previsto para más de ocho mil personas, lo que generaría un embotellamiento significativo.
El rediseño contempló accesos separados para distintos grupos de internos y visitantes, con el objetivo de distribuir el flujo y limitar aglomeraciones en las entradas principales.
Otro conjunto de correcciones se centró en la infraestructura de seguridad. Las trece torres de vigilancia tenían puertas orientadas hacia el exterior del recinto, lo que vulneraba la custodia del perímetro. Para corregirlo era necesario cerrar esas puertas y construir accesos interiores protegidos por verjas circulares de malla ciclónica.
¿Cómo se ha gestionado la transferencia y recuperación del proyecto en los últimos años?
También se identificaron veintidós garitas exteriores que no cumplían ninguna función real y que requerían vigilancia adicional. Estas garitas estaban ubicadas fuera del muro perimetral principal y resultaban innecesarias para un centro de nivel 2.
La carretera perimetral interior también presentaba problemas. Una parte de la vía, de más de dos kilómetros, duplicaba funciones y no aportaba seguridad adicional.
Lo mismo ocurría con la carretera perimetral exterior, de 2.6 kilómetros, que se extendía más allá de lo requerido. El diseño original incluía cinco carriles de acceso de unos 740 metros cada uno, aunque solo se necesitaban dos, tomando en cuenta el tipo de población interna que Las Parras albergaría y la distancia hacia los tribunales.
A finales de 2020 se planteó que las compañías contratistas debían completar la obra bajo supervisión técnica. De haberse ejecutado, el penal habría estado listo en un período aproximado de ocho o nueve meses. El Gobierno transfirió 300 millones de pesos para esa finalización, pero los trabajos no continuaron.
La paralización se prolongó mientras se resolvía un litigio judicial relacionado con los contratos anteriores. Con el paso del tiempo, la Procuraduría solicitó formalmente al Poder Ejecutivo transferir la responsabilidad de los proyectos penitenciarios.
La responsabilidad pasó primero al Ministerio de Obras Públicas, sin avances, y luego al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. La transferencia completa tomó cuatro años. Durante ese tiempo, Las Parras permaneció sin intervención. La falta de supervisión permitió que la obra se deteriorara y que los robos y ocupaciones informales continuaran.
Equipos instalados desaparecieron, maquinarias compradas con fondos públicos no estaban en el lugar y parte del mobiliario adquirido se perdió.
¿Cómo se ha gestionado la transferencia y recuperación del proyecto en los últimos años?
Cuando el Ministerio de la Vivienda recibió el proyecto, solo tenía los planos. No existía documentación técnica que describiera los avances o el estado de la obra. Por esa razón fue necesario realizar un levantamiento desde cero, que tomó seis meses. Durante ese proceso se confirmó que la infraestructura educativa y de formación laboral no respondía a las necesidades.
Las aulas se encontraban lejos de los edificios de alojamiento y eran insuficientes. La nave de talleres solo podía servir a una fracción pequeña de la población prevista. Las áreas de máxima seguridad también requerían adecuaciones para cumplir con las exigencias de aislamiento y control.
El análisis estableció que la obra debía reorganizarse para poder operar. La infraestructura perimetral necesitaba simplificarse. Las Parras contaba con cuatro capas de seguridad construidas en hormigón y malla ciclónica, más un quinto muro para el área de máxima seguridad.
Para un centro de mediana seguridad, esa configuración resultaba innecesaria, costosa y operativamente ineficiente. Una estructura compuesta por tres capas —muro exterior de concreto, muro interior que rodea cada bloque y una división en malla ciclónica entre cuadrantes— era suficiente para cumplir los estándares necesarios.
La reorganización funcional también alcanzó las barberías y los economatos. En la obra original se habían construido once barberías y once economatos en patios internos, lo que incrementaba el personal necesario para su vigilancia y complicaba el flujo de internos en actividades sensibles.
Se recomendó trasladar las barberías a las áreas de lavandería dentro de los edificios de alojamiento y ubicar los economatos dentro de los comedores, junto a las zonas de cafetería. Esto permitiría gestionar mejor las rutas internas y reducir riesgos.
La adecuación general del proyecto implicó incorporar un nuevo esquema de estacionamientos, unificar áreas para visitantes y revisar la paleta de colores aplicada en los edificios. El uso de colores institucionales asociados al modelo penitenciario resultaba más apropiado que los tonos sólidos aplicados en la construcción original.
El avance de la obra corregida debía organizarse por fases. El primer cuadrante podía concluirse en un período de cinco a seis meses, siempre que los servicios comunes estuvieran completamente operativos. Después, cada cuadrante adicional podía ser entregado cada dos meses. Este esquema buscaba acelerar los traslados desde recintos en condiciones críticas, especialmente La Victoria.
Para que Las Parras funcione de manera estable, se requiere un cuerpo de 1,720 agentes penitenciarios formados bajo el modelo del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios. La selección y formación de este personal debe realizarse por etapas, con cuatro promociones programadas entre finales de 2024 y septiembre de 2025.
Cuatro años después de encontrarse inconcluso, sin entrega formal y expuesto al deterioro, Las Parras inicia una fase de recuperación integral. La reconstrucción busca convertirlo en un centro funcional, seguro y apto para recibir a la población que durante años ha saturado otras instalaciones.
La corrección de fallas de diseño, la reposición de equipos, la reorganización de espacios y la vigilancia reforzada forman parte del proceso para darle al país una infraestructura penitenciaria que responda a las necesidades actuales y futuras.