El gasto público para enfrentar la violencia contra las mujeres en República Dominicana está atrapado en un patrón en el que el Estado invierte cuatro veces más en responder a las emergencias que en la prevención.

Un análisis de la ejecución financiera del Ministerio de la Mujer, entre enero y septiembre de 2023, 2024 y 2025, revela que, por cada peso invertido en la atención de víctimas, se asignaron 25 centavos a la prevención. 

En esos períodos, la institución ejecutó RD$ 982.9 millones, de los cuales RD$ 785.9 millones se concentraron en servicios de atención a víctimas, mientras RD$ 197.1 millones se destinaron a programas preventivos como capacitación y sensibilización en igualdad y equidad de género, asistencia técnica para incorporar la perspectiva de género, para la transversalización del enfoque de género, acuerdos y convenios interinstitucionales para incrementar el nivel de autonomía de la mujeres, entre otros.

La revisión por trienio de cada año confirma que el patrón se ha mantenido en cuanto a la línea de atención a las víctimas. En 2023 costó RD$ 244.3 millones, cifra que subió a RD$ 273.2 millones en 2024 y descendió levemente a RD$ 268.2 millones en 2025.

En contraste, la inversión en prevención rondó el 25 % ubicándose en RD$ 63.1 millones en 2023, mostrando un aumento de RD$ 73.5 millones en 2024 y un descenso a RD$ 60.4 millones en 2025, evidenciando que las demandas en los servicios de emergencia fueron el mayor peso del sistema por encima de la intervención temprana.

La magnitud del problema

Según el economista Nelson Suárez, esta disparidad entre reparar vs. prevenir evidencia que “Las políticas públicas y los recursos presupuestarios destinados para enfrentar esta epidemia no se corresponden con las colosales dimensiones del problema”, en un contexto donde los feminicidios, las rupturas de hogares y los cientos de niños huérfanos muestran el costo social creciente de la violencia. 

Sostuvo que la mayor parte del presupuesto sigue enfocada en atender la emergencia, mientras la prevención continúa relegada y sin peso real dentro del Presupuesto General del Estado. En ello, indicó que el Programa de Reducción Integral de la Violencia de Género e Intrafamiliar representó apenas el 0.064 % del gasto nacional en 2025 y el 0.076 % proyectado para 2026.

“No es lo primero”

Por su parte, la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, Soraya Lara, entiende que la atención a las víctimas continúa siendo indispensable, debido al nivel de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran muchas mujeres.

Sin embargo, insistió en que este esfuerzo, por sí solo nunca será suficiente mientras el país no invierta con la misma fuerza en desmontar las creencias y narrativas que sostienen la violencia. 

• “No vivimos en un país donde la prevención es lo primero”, afirmó al destacar que la erradicación de la violencia exige políticas multisectoriales que involucren a los Ministerios de Educación, Salud, Interior y Policía, Trabajo, el Congreso y el sector privado.

En su visión, la prevención comienza por identificar y desmontar las creencias que sustentan la conducta del agresor e implica acompañar la recuperación emocional de las mujeres y concientizarlas sobre que la violencia no puede normalizarse ni justificarse. 

Recordó que la violencia afecta a mujeres de todas las clases sociales y niveles educativos, y que la victimización también se sostiene por miedos reales, como perder el empleo al acudir a denunciar. Por eso, dijo, la respuesta debe ser sostenida y acompañada de campañas permanentes, psicoeducación y apoyo institucional.

Protecciones

Las casas de acogida del Ministerio de la Mujer registraron casi 200 mil asistencias legales, psicológicas y de apoyo en los primeros nueve meses del 2023 al 2025. Los datos muestran un aumento sostenido en la demanda de atención.

En el período analizado las asistencias legales sumaron 135,886 convirtiéndose en el servicio más solicitado por las víctimas. 

Este tipo de apoyo pasó de 36,521 atenciones en 2023 a poco más de 50,000 en 2025, un incremento que refleja la creciente necesidad de acompañamiento en los procesos judiciales. Las atenciones psicológicas fueron 51,025 en el mismo intervalo mientras que otras asistencias ofrecidas en los hogares protegidos totalizaron 12,921.

Pese al aumento de estos servicios, las protecciones emitidas por las autoridades se han reducido. En 2023 se otorgaron 1,384 medidas; en 2024 descendieron a 1,186 y en 2025 fueron 1,023. En conjunto, las casas de acogida tramitaron 3,593 protecciones en tres años, lo que representa una caída de un 26% entre el primer y el último año.

El número de mujeres víctimas de violencia que ingresaron al sistema también disminuyó. En 2023 fueron recibidas 690 usuarias; en 2024, 632; y en 2025, 541. Junto a ellas llegaron 1,548 menores de 13 años y 179 adolescentes, lo que evidencia el impacto directo que tiene la violencia intrafamiliar en los hijos e hijas de las víctimas.