En Andrés, Boca Chica, el caso de Daniela Elías Sandoval tiene dos historias. La primera escrita con sangre, la segunda con mentiras. Detrás está la necesidad del agresor de justificar lo injustificable.
La mañana del 22 de octubre de 2024, Daniela, de 18 años, estaba en su casa junto al hermano de su pareja, Endry Rigoberto Alonzo Pérez. Vivían bajo el mismo techo. Ese día, sin aviso, él la atacó con un arma blanca y, según los reportes iniciales, con un pico que le destrozó la cabeza y el pecho. Murió en el acto. Las autoridades la encontraron desnuda.
La pareja de la víctima, Rosario Guzmán, había contado que su hermano aprovechó que él había salido de la casa a comprar gasolina para encerrar a la víctima en la casa. Lamentablemente no era la primera vez que intentaba tener relaciones con ella.
“Él en una ocasión intentó estar con ella, pero ella no quería. Ella me llamó para contármelo, y yo lo enfrenté; tuvimos una pelea por eso”, relató entonces el hermano del victimario y pareja de la víctima.
Esa fue la primera muerte.
Horas después, cuando la Policía lo arrestó, Alonzo Pérez decidió construir su versión de los hechos: dijo que Daniela y su madre “le estaban haciendo brujería”.
La acusó cuando ya no podía defenderse. La convirtió en culpable de su propio asesinato. La narró como una amenaza, como una mujer peligrosa, como alguien cuya muerte —según él— tenía una explicación.
Esa fue la segunda muerte: la que revictimiza.
Acciones judiciales y sentencia
Pero el expediente avanzó. Llegaron las confesiones completas. Alonzo Pérez terminó admitiendo otra versión: Daniela se había negado a sostener relaciones sexuales con él. No era brujería. Era violencia dentro de una casa donde él creyó tener derecho sobre el cuerpo de una joven que además era la pareja de su hermano.
Los fiscales Evelyn Peña y Alexis Casado presentaron ante el tribunal las pruebas que desmontaban cualquier intento de desviar el caso: informes forenses, testimonios, la escena del crimen y la propia confesión del agresor.
El trabajo del fiscal investigador Jesús Manuel Núñez permitió reconstruir la secuencia exacta: un ataque directo, sin provocación, motivado por la negativa de la víctima a ceder ante una exigencia sexual.
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó sentencia: 20 años de prisión para Endry Rigoberto Alonzo Pérez.