El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante cuatro años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados. La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad del caso, describe un alegado entramado de corrupción que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
¿Qué hicieron?
Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta manipulación de los sistemas financieros y administrativos del asegurador estatal. El MP afirma que los imputados alteraron estados financieros, introdujeron reclamaciones falsas y justificaron pagos irregulares mediante documentación adulterada.
- Estas maniobras habrían afectado directamente las Reservas Técnicas de Senasa, con un perjuicio estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024.
La acusación también detalla un presunto esquema de corrupción interna, mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un “comité operativo” integrado alegadamente por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
- El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Empresas de carpeta
Otro elemento señalado es el uso de empresas de carpeta y facturación ficticia para lavar los recursos desviados. Las operaciones incluían triangulación bancaria, compras simuladas y la utilización de terceros para ocultar el origen de los fondos. En ese contexto, se citan beneficios personales derivados del esquema, como la adquisición de un vehículo de lujo mediante intermediación financiera.
El expediente atribuye a los imputados delitos de asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos en su forma agravada.
El Ministerio Público concluyó que las acciones investigadas no solo causaron un perjuicio patrimonial significativo, sino que comprometieron la sostenibilidad del seguro público y la protección social de millones de afiliados, especialmente los de mayor vulnerabilidad.
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